Legisladores de todos los partidos coincidieron en la necesidad de garantizar que no haya un retroceso en la democracia, por lo cual se deben transparentar los resultados electorales de los procesos registrados en 14 entidades el pasado 7 de julio.
Bajo esta premisa, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo por el cual se exhorta a los institutos electorales locales para que, en el ámbito de su competencia, resuelvan las quejas por el presunto uso de recursos públicos en los pasados comicios.
De igual forma, se solicita a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), emprenda acciones de fiscalización y control sobre recursos federales destinados a los gobiernos municipales.
Al fundamentar dicho punto de acuerdo presentado por el PAN, la senadora Adriana Dávila Fernández, sostuvo que en Apizaco y Calpulalpan, Tlaxcala, los consejeros del Instituto Estatal Electoral incurrieron en acciones de “delincuencia electoral”, pues no obstante que las actas de casillas daban el triunfo al PAN en ambas localidades, durante el traslado de las urnas en camionetas Mercedes Benz, procedieron a anular los votos a favor de los candidatos albicelestes.
En Apizaco, precisó, “sólo cuatro paquetes bastaron para revertir los resultados con únicamente siete votos y darle la mayoría a uno que se dice el recomendado del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong”.
En este contexto, recordó el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto: “Dijo que respetaría los triunfos –electorales- por eso se firmó un Pacto por México que decía que se debían respetar los programas sociales y emprender iniciativas de gran calado”, lo cual no es posible si continúan prácticas irregulares, “que creíamos en el pasado y las cuales no podemos permitir vuelvan a suceder.
En su respaldo, el también senador panista Héctor Larios advirtió que “no hay país en el mundo que progrese si no respeta los resultados electorales y en este país estamos regresando más de 20 años; hace 20 años que no se veía que en el trayecto – de traslado- se abran urnas, se anulen votos y cambien los resultados de la elección. Están de prueba todas las copias de las actas electorales”.
Tales prácticas, sostuvo, destacan la importancia de que, en aras de alcanzar el crecimiento del país, se cree el Instituto Nacional Electoral que resuelva el problema de la organización de los comicios electorales en todo el país, pues “todos los institutos electorales están altamente cuestionados”.
El político sonorense destacó el caso de Baja California, donde el mismo presidente del Instituto Electoral descalificó los resultados del PREP, “simplemente porque no le convenía a un partido”.
En su turno, el senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del PT, acusó que en Baja California se “escupió sobre la voluntad popular”, pues se manejó un bullying electoral que sólo la civilidad de la población pudo atemperar.
Pero ahora, apuntó, tras el triunfo electoral, es ahora el PAN el que pretende, a través de diversos recursos legales, afectar a sus coaligados del PRD para no reconocer y concederles los espacios en el Congreso local a los que estadísticamente tienen derecho, ante lo cual consideró que “se carece de autoridad moral” al hablar de fraudes electorales.
En el mismo sentido se pronunció Ricardo Moreal, diputado de Movimiento Ciudadano, al afirmar que hay “innovaciones” en la compra del voto, “con el uso de cuerpos de seguridad pública para proteger a mapaches electorales y a la delincuencia organizada. Hoy sostengo que el crimen organizado votó, impuso, el crimen organizado tendrá representantes populares”.
Acusó a los gobiernos estatales de no hacer caso del adéndum dentro del marco del Pacto por México: “los gobernadores que nunca hicieron caso de las recomendaciones del centro, quizás simulados, quizás en complicidad, pero los gobernadores se volvieron dueños y señores en los estados”.
En este marco acusó al gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes de utilizar dinero público “de manera desmedida y desvergonzada, pero es de los consentidos del gobierno pusilánime de Peña Nieto, nadie lo toca y nadie lo ha tocado porque es parte de la complicidad y del neopriismo que ahora no sólo quieren enriquecerse, sino además actúan envilecidos, el poder los envileció”.
Por su parte, el diputado petista Rafael Huerta Ladrón de Guevara y el senador perredista Benjamín Robles Montoya coincidieron en señalar que sus partidos respaldaron la necesidad de que los institutos electorales resuelvan las quejas y denuncias presentadas por presuntos actores irregulares, empero apuntaron que es necesario que se atiendan en todos los estados, como en Veracruz donde hubo un evidente intervención de los gobiernos estatales y municipales.
En respuesta a las acusaciones contra el PRI, la senadora Lucero Saldaña apuntó que su partido respaldó el dictamen, “porque estamos a favor de la legalidad, porque se respete el resultado de la voluntad ciudadana”.
Convocó a los legisladores a valorar el trabajo de las instituciones electorales: “Para el PRI respetar la legalidad es tanto por lo que se expresa libremente en las urnas como por lo que sigue en cada etapa del proceso, ayuda a la limpieza de las elecciones”
Reprochó los cuestionamientos a los resultados a favor del tricolor: “Hay que reconocer la pluralidad en el país y esta hace que las diferencias entre los votos sean más estrechas y a veces por un voto se ha ganado o perdido, no es justo que cuando se gana todas las instituciones y funcionarios son buenos y cuando se pierde entonces no creemos en los procesos y las instituciones”.
Consideró que el Senado no debe ser escenario para “ventilar pasiones”, por el contrario, debe avocarse a garantizar una legislación a favor de la democracia, por lo cual a fin de “tender puentes, acceso y legalidad al voto –en el PRI- nos pronunciamos porque los 14 órganos electorales de manera pronta y expedita den trámite a toda queja”.
--oo0oo--
