Luego de considerar que las autoridades de Jalisco deben atender inmediatamente el problema vinculado con el incremento en los índices de robo de infantes registrados en los últimos meses, la Comisión Permanente llamó al Gobierno de la entidad a informar sobre las acciones realizadas con relación a este problema
Al mismo tiempo, solicitó a la Procuraduría General de la República un informe sobre las acciones realizadas para combatir dicha situación en el país.
En el dictamen, los senadores y diputados señalaron que en Jalisco se tienen registrados dos mil 230 casos de desaparición de personas, cifra que lo ubica en el cuarto sitio nacional, después del Distrito Federal, México y Tamaulipas, de acuerdo con la base de datos oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por otra parte, Amnistía Internacional estima que en el país, en los últimos seis años se registraron 27 mil desaparecidos, en su mayoría clasificados como casos de desaparición forzada y una proporción importe corresponde a mujeres y niñas, presuntamente víctimas de trata de personas y explotación sexual.
Además, se da cuenta que en los últimos días se publicó la desaparición de una bebé y dos jóvenes de 15 años de edad en la entidad.
Protección de intereses de menores con discapacidad en juicios sobre alimentos
En otro dictamen avalado, la Comisión Permanente exhortó a los congresos estatales a revisar y armonizar la legislación en materia civil con la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, suscrita por México en 2008.
En el mismo sentido, para que de estimarlo conveniente, tomen las previsiones necesarias y suficientes del caso para establecer en sus legislaciones la protección de los intereses de los menores con discapacidad en los juicios sobre alimentos.
El acuerdo también pide a los titulares de los poderes Judiciales de las entidades que los órganos jurisdiccionales atiendan las condiciones particulares y especiales de los menores con discapacidad, en los asuntos donde resulten ser parte en los juicios sobre alimentos.
Cabe mencionar que el 13 de diciembre de 2006 fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que prevé medidas, tanto de no discriminación como de acción positiva, que deberán implantar los estados para garantizar que las personas con discapacidad disfruten de sus derechos en igualdad de condiciones que las demás personas.
Dicha Convención, signada por México en marzo de 2007 y ratificada en diciembre del mismo año, obliga al Estado mexicano a garantizar que las Personas con Discapacidad disfruten de los derechos humanos y las libertades sin discriminación alguna pero, sobre todo, lo necesario para que niños y niñas con discapacidad disfruten de todos los derechos humanos como los demás infantes.
Además, debe garantizar que en todos los juicios en los que los niños tengan una determinada participación, tengan todas las garantías del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos.
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