Las procuradurías estatales están obligadas a profundizar las investigaciones sobre los atentados y asesinatos en contra de los candidatos a puestos de elección popular registrados durante el pasado proceso electoral.
Sobre este asunto, la Primera Comisión de la Comisión Permanente determinó exhortar a la Fiscalía General del estado de Durango para que en el ámbito de su competencia intensifique las investigaciones de los hechos relacionados con el secuestro y asesinato del candidato a la Presidencia Municipal de San Dimas, Durango, por el Partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Reyes Zamudio.
Asimismo, pidió a las procuradurías de justicia de las entidades federativas en donde se llevaron a cabo comicios electorales el pasado 7 de julio, para que intensifiquen las investigaciones de los hechos violentos registrados en sus entidades -como Veracruz, Chihuahua, Oaxaca y Sinaloa-.
De igual forma, durante su reunión de trabajo, la Primera Comisión de la Permanente solicitó al Gobierno de Oaxaca, para que a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, intensifique las investigaciones para esclarecer las causas del deplorable atentado perpetrado en contra de la candidata al Congreso del Estado, Rosalía Palma López, así como el homicidio de sus familiares.
La senadora Cristina Díaz Salazar consideró la necesidad de generalizar el exhorto a las entidades en donde se registraron hechos violentos durante el pasado proceso electoral, “debido a que la problemática, dijo, no sólo se vivió en el estado de Durango sino en otros estados”.
ALDF y Congresos locales deben asegurar cumplimiento de la obligación alimentaria
En otro orden de ideas, la Primera Comisión de la Comisión Permanente exhortó a los Congresos de las entidades federativas, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en el ámbito de sus facultades revisen su legislación con el objeto de que incluyan o refuercen los mecanismos tendientes a asegurar el pleno cumplimiento de proveer y entregar alimentos, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales.
De igual forma, llamó a los estados que aún no cuentan con un registro de deudores alimentarios, –padres o madres, derivados de sentencias que hayan causado ejecutoria, para que en el ámbito de su competencia analicen la posibilidad de contemplarlo en sus respectivas legislaciones como un mecanismo adicional que contribuya al cumplimiento de la obligación alimentaria.
También exhortó al Jefe de Gobierno del Distrito Federal así como a la Asamblea Legislativa para que en el ámbito de sus competencias analice la factibilidad modernizar la normativa y los programas que regulan los mercados públicos y concentraciones en el Distrito Federal.
Además, de que rinda un informe a esta soberanía sobre las políticas públicas que se han implementado y si tiene previsto instrumentar algunas con relación al desarrollo y la modernización de los mercados públicos en la ciudad.
De igual forma, exhortó a la Cámara de Diputados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a contemplar en la discusión del Proyecto de Presupuesto del 2014 la inclusión de recursos para el fortalecimiento de mercados y concentraciones en el Distrito Federal.
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