Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

altLa Primera Comisión de la Permanente aprobó un punto de acuerdo para solicitar al Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, un informe sobre las investigaciones y acciones emprendidas en torno a la venta y distribución de drogas --en su calidad de narcomenudeo-- en Tepito.

En el dictamen a este punto de acuerdo, senadores y diputados destacaron que el consumo de drogas en la capital del país representa uno de los problemas más graves en materia de salud pública.

En el texto también se expone que según el Sistema Nacional de Seguridad, la Ciudad de México registró el año pasado cuatro mil 306 delitos relacionados con estupefacientes, lo que significa 15. 4 por ciento de un total nacional que ascendió a 22 mil 870 casos.

Además, se destacan los hechos suscitados en el Bar Black de la colonia Condesa, donde fue ejecutado un narcomenudista, así como la desaparición de 12 personas en otro establecimiento de la Zona Rosa y que están relacionados con enfrentamientos entre bandas delictivas que operan en el barrio de Tepito.

El Gobierno del Distrito Federal negó que estos acontecimientos tengan relación con la delincuencia organizada y que sea una lucha entre organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Sin embargo, se menciona, las autoridades policíacas y de procuración de justicia capitalinas “no han actuado con la eficiencia requerida” para esclarecer los hechos.

No obstante que resulta complicado conocer el volumen de drogas que circulan por Tepito, se resalta, la Secretaría del Distrito Federal estima que en las delegaciones Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Cuauhtémoc, donde se ubica el barrio de Tepito, se venden 49 por ciento de los estupefacientes ilícitos que se comercializan en la ciudad en mil 700 puntos de venta.

Combatir eficazmente pornografía infantil, exigen legisladores

La Primera Comisión, que preside la senadora María del Pilar Ortega Martínez, también avaló un llamado al Gobierno Federal y a las entidades federativas para que investiguen y persigan eficazmente la pornografía infantil en medios electrónicos y, de considerarlo viable, establezcan una unidad especializada adscrita al Ministerio Público.

Además, los legisladores solicitaron un informen sobre las acciones realizadas para combatir este delito a nivel estatal y federal.

Advirtieron que a pesar de las múltiples acciones que realiza el Gobierno Federal para contrarrestar este delito, como la certificación de la Policía Cibernética, el número de casos de pornografía infantil se ha multiplicado “alarmantemente”.

Tan sólo en este año, subrayaron, se han descubierto más de 12 mil 300 cuentas electrónica con pornografía infantil, cifra superior a la del año pasado cuando se detectaron más de siete mil, mientras que 2011 se reportaron tres mil cuentas.

Ante este panorama, subrayaron, “es necesario que México estandarice los procedimientos que se utilizan para el combate de la pornografía infantil con los que usan los organismos extranjeros e internacionales que han demostrado su eficacia, así mismo que todos los estados cuenten con una Unidad de Investigación Cibernética.

Piden informe sobre robo de infantes en Jalisco

En la misma sesión de trabajo, los senadores y diputados validaron un dictamen para pedir al Gobierno de Jalisco un reporte respecto a las acciones realizadas para enfrentar el robo de infantes en la entidad.

Los integrantes de la Primera Comisión compartieron el rechazo enérgico a la desaparición y muerte de dos menores en junio pasado, así como de la niña Nancy que fue arrebatada de los brazos de su madre en la misma entidad.

Jalisco, enfatizaron, es una de las entidades federativas donde se ha presentado con mayor intensidad la desaparición de personas. Sus dos mil 230 casos lo ubican en el cuarto sitio nacional, después del Distrito Federal, México y Tamaulipas y antes de Guanajuato.

Por ello, es imperativo que las autoridades estatales, atiendan de manera inmediata el problema y evitar que ello derive en una ola de violencia que resulte insostenible, consideraron los legisladores.

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