La salida del Ejército y la Marina a las calles del país con el propósito de impedir la expansión territorial de la delincuencia organizada, constituye hoy un problema coyuntural que va exponiendo la violación de los derechos humanos.
En consecuencia, el Sistema de Justicia Militar constituye más un obstáculo que un instrumento para garantizar el derecho de acceso a la justicia de víctimas y delincuentes.
Además, debido a la presencia del Ejército en las calles desarrollando actividades vinculadas al tema de seguridad, es indispensable que dentro de la propia justicia militar y afuera, dentro de su conducta que genera con los ciudadanos, esto sea transparente y tenga disposiciones constitucionales y legales pertinentes en materia de justicia militar.
Ante esto, los diputados Fernando Cuellar Reyes y Fernando Zárate Delgado del PRD, presentaron una iniciativa en la que se pide la reforma el artículo 13 de la Constitución Política.
Además de que se requiere la adición y la derogación de diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Penal Federal, donde se crea un título exprofeso para la tipificación de los delitos de los militares.
Sobre este asunto, el diputado Fernando Cuellar subrayó que la situación no resulta menor para el legislador, toda vez que debe restituir la naturaleza jurídica fundamental de dos instituciones del Estado mexicano: la impartición de justicia penal y el Ejército.
Garantizando, dijo, los principios fundamentales que rigen a cada una de ellas, en el primer caso, la autonomía e independencia de los jueces para impartir justicia y en el segundo la disciplina.
Por lo cual, destacó, es indispensable un nuevo diseño, expedito, eficaz y eficiente que garantice los principios de conservación de la disciplina militar y la correcta aplicación de los principios legales que según los propios artífices de esta institución buscaba.
Para ello, propuso a la Comisión Permanente la formación de un nuevo sistema de justicia militar que dependa del Poder Judicial de la Federación; responda a los estándares de profesionalización, que fija el Consejo de la Judicatura Federal, que se rija por los principios de imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces y garantice los derechos de los imputados, de las víctimas y resguarde, al mismo tiempo, la disciplina militar.
También consideraron necesario crear Ministerios Públicos especializados en la materia, juzgados especializados en materia penal militar, además de las reformas expuestas.
Cabe destacar que la iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
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