El Senado de la República impulsa una legislación integral que permitirá articular un sistema eficiente para la garantía de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, acorde a sus nuevas realidades, necesidades e intereses, anunció la senadora Martha Elena García Gómez.
Subrayó que “nos hemos manifestado a favor de consolidar políticas públicas para la infancia y la adolescencia, promover la armonización legislativa en los tres niveles de gobierno y superar los mecanismos fragmentados a partir de criterios de transparencia, igualdad de oportunidades y de transversalidad”.
La legisladora panista, titular de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, inauguró el foro “Desafíos para la implementación municipal de un nuevo sistema integral de garantías de derechos de la infancia y la adolescencia en México”, que se llevó a cabo en el Senado.
Advirtió que el sistema de garantías no podría concretarse sin que todas y cada una de las autoridades federales, estatales y municipales, desde una perspectiva intersectorial, asuman las facultades y responsabilidades que les competen para su buen funcionamiento.
En México no se lograrán cambios en materia de derechos humanos a favor de las niñas, niños y adolescentes, si no se trabaja desde los municipios, que es donde se presentan los maltratos y surgen los niños en situación de calle.
Por su parte, la senadora Angélica de la Peña Gómez, del PRD, enfatizó que ningún cambio estructural, social o cultural se va a lograr en nuestro país para reconocer como sujetos de derechos a las niñas, niños y adolescentes, si no se trabaja de manera preponderante desde el ámbito municipal.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos subrayó que en las alcaldías y delegaciones políticas se viven los problemas y es ahí donde se deben tomar las decisiones.
Por lo tanto, subrayó la necesidad de que, luego de contar con una ley general en la materia, se garantice la aplicación de la misma a lo largo y ancho del país.
En su momento, Leticia Quezada Contreras, jefa delegacional de Magdalena Contreras, aseveró que todas las reformas en beneficio de los niños de nuestro país no tendrán un verdadero impacto, a menos que se le otorgue presupuesto a los municipios, en cuyo entorno se dan los mayores casos de maltrato y abuso contra los menores.
Por ello, consideró que la Ley de protección a la niñez que se construye en el Senado es de gran importancia, toda vez que muchos alcaldes del país “no ven este tema como prioridad porque, desgraciadamente, no les dan votos.”
A su vez, Eduardo Rivera Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, dijo que el modelo del sistema municipal en México está agotado, debido a que los municipios carecen de herramientas y recursos que les permitan resolver las políticas públicas integrales a favor de la ciudadanía y concretamente de las niñas, niños y adolescentes.
Aseguró que sólo a través de sinergias entre los tres niveles de gobierno en programas específicos, con un presupuesto suficiente y transversal y con el fortalecimiento de la Ley General para la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se podría llevar a cabo una iniciativa que los beneficie.
El también presidente municipal de Puebla expresó que se trata de hacer políticas no solo para la infancia sino de incorporar la visión de la niñez “en la construcción de la ciudad que queremos, porque si una ciudad es adecuada para ellos, es adecuada para todos”.
En su intervención, Isabel Crowley, representante de UNICEF-México expresó que el papel de los gobiernos municipales es fundamental en la construcción de un sistema eficiente e integral que por un lado asegure los derechos de la niñez mexicana y, por el otro, permita que ésta crezca y se desarrolle en un ambiente con pleno goce de sus garantías.
Para Liliana Ortiz de Rivera, presidenta del Patronato del Sistema Municipal de Puebla, es preciso que los municipios del país trabajen unidos para proteger a la niñez, pues “la mejor inversión que puede hacer un gobierno es hacia la infancia”.
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