La Comisión de Justicia del Senado presentó este miércoles el proyecto de dictamen de la reforma en materia de justicia militar y acordó realizar tres audiencias públicas para analizar la propuesta con juristas, especialistas, académicos e integrantes de las Fuerzas Armada, así como con organizaciones no gubernamentales.
De esta manera, expresó el senador Roberto Gil Zuarth, presidente de este órgano legislativo, se inicia formalmente el proceso de dictaminación de uno de los pendientes que tiene nuestro país sobre justicia militar y derechos humanos.
En tanto, la senadora priista Arely Gómez González precisó que se trata de una propuesta integral acorde con los estándares internacionales y con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el texto, agregó, se dictaminan ocho iniciativas que incorporan temas como los alcances del fuero militar y se plantea que los delitos que cometan militares contra civiles serán sancionados por la justicia de orden civil.
Consideró que “el fuero militar no debe equipararse a la impunidad, ni constituirse en un privilegio ni una protección para los militares que comenten delitos en perjuicio de civiles”.
De esta manera --agregó-- los jueces militares son competentes para conocer únicamente de los delitos que atentan contra la disciplina castrense.
Además, resaltó que el delito de desaparición forzada previsto en el Código Penal Federal se armoniza con los estándares internacionales, se le da carácter de continuo e imprescriptible, se excluye el cumplimiento de un deber por orden o instrucción de un superior como causa de justificación de este grave delito y se incorporan agravantes para aumentar la pena.
Con las reformas, enfatizó, “se busca una justicia militar a la altura de nuestros tiempos y desafíos”, siempre respetuosa de los derechos humanos, tanto de civiles como de militares.
Así, coincidió el senador Alejandro Encinas Rodríguez, se abre a la discusión pública un tema que ha sido objeto de debate a lo largo de muchas legislaturas y que no han logrado concretar una reforma de fondo que no sólo actualice o armonice la legislación en este rubro sino que revise asuntos polémicos como el fuero militar.
Los legisladores resolvieron convocar a las consultas a partir de la segunda quincena de agosto.
Buscan senadores deslindar responsabilidades en el caso Florence Cassez
En la misma reunión de trabajo, los senadores aprobaron un exhorto al titular de la Procuraduría General de la República para que inicie una investigación sobre la actuación de los servidores públicos que intervinieron en el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, a fin de deslindar las responsabilidades y, en su caso, ejercer las acciones legales que correspondan.
Asimismo, buscan que se analice si es jurídicamente viable promover, por parte de esa representación social, las acciones necesarias para asegurar, por la vía legal idónea, la reparación integral a las víctimas de los delitos.
El documento también plantea que se proporcione capacitación a todo el personal de esa institución sobre la atención a víctimas del delito, los derechos de las víctimas y las obligaciones de la autoridad ministerial y jurisdiccional, la importancia de la reparación integral y en torno a las medidas de ayuda y protección.
“Es indispensable que esta Soberanía llame la atención sobre la necesidad de que las autoridades competentes brinden la atención debida y necesaria a las víctimas de los delitos por los que la ciudadana francesa Florence Cassez y otros ciudadanos mexicanos fueron detenidos”, precisa el dictamen.
Solicitan información sobre el caso Elba Esther Gordillo
Posteriormente, la Comisión avaló un llamado al procurador general de la República, para que en un plazo de 15 días naturales envíe un reporte de las investigaciones, análisis y procedimientos llevados a cabo en el caso de la profesora Elba Esther Gordillo Morales e informe el estado actual del proceso penal correspondiente.
En el documento se establece que la información relativa a este asunto es escasa y contiene contradicciones o imprecisiones técnicas y legales de consideración, por lo que “es indispensable que se salvaguarden todos los elementos necesarios para que el juzgador pueda emitir sentencia con apego a la ley”.
Buscan legisladores esclarecer actos delictivos contra David y Ricardo Monreal
La Comisión de Justicia también aprobó un punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la PGR y de la Secretaría de Gobernación, a realizar las investigaciones necesarias que permitan esclarecer y fincar responsabilidades sobre los presuntos actos delictivos que atentarían contra las vidas de los legisladores David y Ricardo Monreal Ávila.
También condenó todo acto que pretenda vulnerar las tareas propias de los integrantes del Poder Legislativo Federal.
Solicitan informe sobre presuntas transferencias bancarias del Edomex
Los integrantes de la Comisión avalaron un llamado al Ejecutivo del Estado de México para que informe sobre las tres transferencias de recursos presupuestales que presuntamente se realizaron de una cuenta bancaria de ese gobierno a una particular en las elecciones de 2012.
De igual forma, a fin de que la Auditoria Superior de la Federación y el órgano fiscalizador del Estado de México expliquen si se realizaron dichas transferencias.
En el dictamen aprobado se hace notar la necesidad de acceder a un informe emitido por las autoridades que cuentan con la “información verídica” sobre las presuntas transferencias de recursos presupuestales de la Hacienda Pública de esa entidad a una cuenta bancaria particular.
Se subraya que en un régimen democrático la transparencia y la legalidad se deben encontrar por encima de “intereses particulares o de grupo”, por lo que es fundamental que el Senado tenga acceso directo a información que aclare las dudas que se generaron con la publicación de datos y declaraciones en los medios de comunicación, en las elecciones presidenciales de 2012.
Darán seguimiento al caso Patishtán
Posteriormente, los senadores acordaron crear un grupo plural de trabajo, con el objetivo de dar seguimiento al caso del indígena Alberto Patishtán Góme y con ello agilizar la resolución definitiva de este asunto, que actualmente se lleva acabo ante un tribunal colegiado en Tuxtla Gutiérrez.
Además, este grupo otorgará asesoría jurídica necesaria para que explore vías jurídicas que le permitan recobrar su libertad.
Otro de los objetivos de los senadores será verificar que el juicio se realice en estricto apego al debido proceso legal.
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