Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

La Comisión Permanente exhortó al gobierno del Distrito Federal para que  refuerce las acciones encaminadas a garantizar la seguridad e integridad de las personas que participan en actos públicos que se desarrollan en la ciudad de México.

Además, condenó los hechos de violencia del pasado 21 de junio en la colonia Atlampa, delegación Cuauhtémoc, en los que el diputado local, Alberto Cinta Martínez, y un grupo de colaboradores fueron víctimas de asalto con arma de fuego.

En este sentido, los legisladores pidieron que las autoridades capitalinas realicen las investigaciones correspondientes y determinen si estos hechos tienen una connotación de carácter político y qué acciones legales se realizarán contra quienes resulten responsables.

Según el dictamen aprobado estiman que  “dada la situación actual que se presenta en el Distrito Federal en materia de inseguridad, es de suma importancia tomar las medidas adecuadas en torno a la necesidad de mejorar la vigilancia y seguridad tanto de los legisladores y ciudadanos que habitan esta entidad”.

Senadores y diputados calificaron de imperativo que las autoridades capitalinas atiendan de manera inmediata el problema vinculado con el incremento en los índices de violencia registrados en los últimos meses y que se tomen las medidas para optimizar la seguridad de los capitalinos.

Propone Permanente que Ejecutivo y Legislativo construyan agenda compartida en el PND

En otro orden de ideas, se ratificó un acuerdo en el que plantea al Ejecutivo federal mantener un diálogo permanente con el Legislativo con la finalidad de construir una agenda compartida en los términos de la estrategia 1.1.2. del Pan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, en el marco de la Constitución y de las leyes federales aplicables.

Los legisladores coincidieron en que el PND es un instrumento que rige la programación y presupuestación de toda la administración pública federal, que ha sido concebido como un canal de comunicación del gobierno federal, que trasmite a toda la ciudadanía de una manera clara y concisa.

Fortalecer legislación en materia de protección a la niñez, pide legisladores

Otro punto aprobado se refiere al llamado para que los congresos de las entidades federativas consideren el fortalecimiento del marco jurídico en materia de protección de menores, a la luz de los requerimientos y estándares internacionales establecidos en la materia.

El dictamen señala que es necesario reforzar los operativos de manera sistemática y permanente para evitar que al interior o en las cercanías de las estancias infantiles, instituciones educativas, parques públicos, centros deportivos, se cometan hechos delictivos, como una medida orientada a consolidar la seguridad en el entorno de la niñez y juventud del país.

Informe sobre desalojos forzosos, pide Comisión Permanente

Asimismo, se pidió un informe al gobierno de la ciudad de México sobre las acciones de indemnización y reparación del daño a las familias agravadas por los desalojos forzosos llevados a cabo por el Instituto de Vivienda, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del DF.

En las consideraciones de la propuesta, se especifica que los derechos humanos deben garantizarse para asegurar un nivel de vida adecuado a los habitantes de la capital, y en este sentido, se menciona que la vivienda es el espacio que permite una vida en paz y digna.

Armonizar legislación de Chihuahua en materia de derechos humanos, plantea Comisión Permanente

También se pidió al Congreso del estado de Chihuahua considerar la armonización del marco jurídico de la entidad en materia de derechos humanos y contra la trata de personas, al que está establecido en la Constitución Política, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas, y para la Protección y Asistencia de las Víctimas.

La Comisión Permanente consideró necesario que las leyes del estado sean compatibles con la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, donde se establece que todas las personas gozarán de las garantías establecidas en la Carta Magna y los tratados internacionales suscritos por México.

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