La senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo reconoció que la pobreza es el principal problema que afecta la calidad de vida de las personas que habitan la Zona Metropolitana del Valle de México, pero es posible “lograr ciudades ordenadas, planificadas, sustentables, incluyentes y prósperas”.
En la inauguración del ciclo de conferencias sobre temas metropolitanos, que se llevó a cabo en la vieja casona de Xicoténcatl, la legisladora priista resaltó que en esta área 14 de 100 hogares “no tienen que comer y 80 por ciento de la población considera difícil o muy difícil conseguir empleo y quienes cuentan con uno viven con el temor a perderlo”.
Señaló que quienes no perciben oportunidades de movilidad social dejan de tener los incentivos para invertir en su educación, pues consideran que tal esfuerzo en nada ayudaría a cambiar sus vidas.
Con base en una encuesta realizada por un diario de circulación nacional, con la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, resaltó que las personas y familias más pobres son quienes enfrentan los efectos negativos de la “metropolización”.
Ante este panorama, la presidenta de la Comisión Especial de Desarrollo Metropolitano se pronunció por mantener un diálogo permanente para alcanzar un México incluyente y próspero, donde existan oportunidades reales de movilidad social, se aproveche el potencial de cada territorio y se reconcilien los objetivos de eficiencia económica, equilibrio ecológico, gobernabilidad y calidad de vida.
En tanto, Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, afirmó que desde 1940 nuestro país ha vivido un fenómeno de metropolización vertiginoso y anárquico, pero las reformas económicas, políticas y constitucionales relativas a las facultades de los municipios en la regulación del suelo “pasaron por alto esta tendencia”.
Consideró que el reto para cubrir las necesidades de la población va más allá de conseguir más recursos para las zonas metropolitanas o “de poner en perspectiva y en orden a los desarrolladores de vivienda”.
En este sentido, dijo, es imprescindible un cambio de modelo con el propósito de encauzar el crecimiento conforme a criterios de planeación que impulsen el trazo premeditado, así como la oferta objetivada de empleo y de bienes y servicios.
Para ello, enfatizó, se requieren instrumentos normativos y de gestión para un mejor aprovechamiento del suelo urbano existente, la renovación de áreas intermedias, el fortalecimiento de la movilidad urbana, así como el acceso a tierra y vivienda de sectores socioeconómicos medios y bajos.
En su exposición, Roque González Escamilla, presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Urbanistas, advirtió que si no se impide la fragmentación de las responsabilidades de gobierno, que conlleva el proceso de metropolización, “tendremos un país cada vez más pobre, ciudades menos productivas y una economía menos competitiva”.
Para que el fenómeno metropolitano se constituya en un impulsor efectivo de la economía, aseguró, se necesita simplificar el marco jurídico-administrativo que rige el desarrollo urbano y la vivienda.
“No es posible atraer y retener inversiones que generen empleo y contribuyan a resolver la demanda de servicios e infraestructura si se requieren trámites tortuosos e innecesarios que dilatan, encarecen y desalientan la inversión”.
Tampoco, enfatizó, “es posible evitar la economía informal y los asentamientos irregulares si la propia autoridad encarece y desalienta la oferta formal de servicios y de vivienda”.
En opinión de María Eugenia Negrete Salas, coordinadora académica del Colegio de México, las metrópolis constituyen los nodos más importantes de intercambio comercial, información, bienes y servicios y de flujos financieros.
Se pronunció por “descartar” una reforma para establecer un nuevo orden de gobierno metropolitano, pues “implicaría un tercer nivel que se sobrepondría a los municipios, estados y federación”.
Por último, David Melgoza Mora, del Instituto Nacional de Administración Pública, manifestó que en este contexto, el reto es evitar que los problemas que enfrentan los habitantes de las zonas metropolitanas alcancen su punto máximo y pongan en riesgo la gobernabilidad.
¿Cómo es posible tener una planeación integral, si no tenemos una perspectiva interdisciplinaria, un programa de prevención y control de asentamientos irregulares y sin una normatividad para evitar este grave problema?, cuestionó.
El ciclo de conferencias fue inaugurado por el senador Enrique Burgos García, vicepresidente de la Mesa Directiva.
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