La Comisión Permanente hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación para que a través de la Coordinación General de Protección Civil fortalezca los planes, programas y acciones tendientes a prevenir desastres naturales.
Y en caso de presentarse una emergencia, le recomendó transferir recursos del Fondo de Desastres Naturales de manera más ágil y oportuna a las entidades federativas que hayan sido afectadas por un fenómeno meteorológico.
En otro punto de resolutivo avalado, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la exhortó a remitir un informe de las acciones emprendidas o por emprender referentes al mantenimiento de los caminos carreteros considerados como de alto riesgo, ante la aparición de fenómenos climáticos.
Finalmente, el pleno de la Permanente instó a la Comisión Nacional del Agua a intensificar las tareas de prevención e información a la población sobre los riesgos en los estados que resulten vulnerables y le informe de las labores para mitigar daños a comunidades y municipios en caso de desbordamiento de ríos ocasionado por un fenómeno natural.
En la discusión del dictamen, el diputado priista Rubén Escajeda Jiménez subrayó que la obligación de los tres niveles de gobierno y legisladores es construir el marco legislativo para obligar a las instancias correspondientes a que instrumenten mecanismos, programas y medidas para enfrentar cualquier tipo de contingencia.
En la exposición de motivos del texto, los legisladores destacaron que si bien no se puede evitar la ocurrencia de desastres naturales en el país, los gobiernos municipales, estatales y el federal sí pueden fomentar una cultura de prevención en contra de estos fenómenos.
Dieron a conocer que las pérdidas por desastres naturales en México son millonarias, ya que tan sólo en el 2010 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reportó que la cifra alcanzó los cinco mil 300 millones de dólares.
Asimismo, señalaron que el Secretario General Adjunto de la OCDE, Yves Leterme, recomendó a México aprovechar que cuenta con el marco normativo para colocar a la prevención al mismo nivel que la respuesta ante emergencias.
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