Al reconocer que los hechos de violencia amenazan con una regresión democrática, la Primera Comisión de la Permanente --Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia--, aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, gobiernos estatales y todas las autoridades involucradas, a garantizar paz y normalidad en los comicios a registrarse este 7 de julio en 14 entidades federativas.
De igual forma, plantea un llamado para que se alcance una amplia participación ciudadana en las urnas, por encima de acciones irregulares.
El punto de acuerdo, que se discutirá en la sesión de la Comisión Permanente este miércoles, se estableció a partir de la conjunción de 16 propuestas relativas a los próximos comicios.
Al respecto, la diputada Aleida Alavez apuntó: “Casi la mitad del país va estar en elecciones, tenemos datos y hechos que enrarecen el ambiente en algunos estados y necesitamos que la responsabilidad de la gobernabilidad del país se asuma a cabalidad”.
Al citar los recientes hechos de violencia electoral, en especial las amenazas de candidatos del PRD en Quintana Roo y el atentado contra una abanderada del PRI en Oaxaca, la legisladora por el Sol Azteca advirtió que existe una corresponsabilidad de todos los actores políticos.
Lamentó que pese a las denuncias, no haya una actuación expedita de la autoridad, “por eso la urgencia y la necesidad. Qué bueno que este punto de acuerdo se pueda discutir mañana antes de que el domingo se enrarezca más el ambiente y se cree un clima de violencia”, destacó.
“De desatarse la violencia en algunos estados sería responsabilidad, en primer lugar, de quien gobierna el país, pero el que estemos propiciando una seguridad es responsabilidad del estado”, por lo cual expuso que el llamado del Congreso “debe ser general, tiene que haber responsabilidad política de todos los actores, Gobierno Federal y estatales, de los partidos políticos”.
Bajo este argumento, Aleida Alavez se pronunció porque las procuradurías General de la República y estatales establezcan un operativo especial el domingo próximo en las 14 entidades donde habrá elecciones.
Con lo anterior coincidió el diputado Fernando Cuéllar Reyes, quien apuntó que “sin duda todos estamos preocupados y ocupados, estamos a unos días de que se dé el proceso electoral en varios estados de la República y no hemos tenido buenas noticias, sobre todo en Oaxaca y Durango. Consideramos que no están dadas las mejores condiciones” para el proceso electoral en puerta.
En su turno, el diputado Rubén Camarillo Ortega consideró que los hechos de violencia electoral ponen de manifiesto el riesgo de una “regresión democrática”.
Manifestó su indignación ante la ausencia de pronunciamientos del presidente Enrique Peña Nieto: “De ninguna manera comprendemos este silencio de complicidad manifiesta del Presidente de la República con lo que está pasado en estados como el de Veracruz, Aguascalientes o Quintana Roo”, al refrendar que es necesario garantizar el mínimo de legalidad en los próximos comicios.
Por su parte, el diputado Rafael Huerta Ladrón de Guevara aseguró que la violencia registrada en diversas entidades aparece como una “estrategia del régimen para la inhibición de la participación social”.
Este “ruido de violencia”, apuntó, está presente al igual que las trampas y fraudes electorales, con la inacción del Poder Judicial.
En respuesta, la senadora priísta Cristina Díaz acotó que este llamado a garantizar la paz electoral es por igual a todos los partidos, pues también se han registrado serias irregularidades en gobiernos emanados de otros partidos, como Baja California, Puebla y Oaxaca, “hechos delictuosos donde se han perdido la vida de nuestros candidatos”.
Por ello, llamó a la prudencia al debate a realizarse en el Pleno: “Seamos muy cuidadosos en el momento en que nos subimos y pretendemos hablar con calidad moral. Tenemos que hablar en general si queremos tomar una túnica democratizadora, lo cual respeto mucho”.
En actos irregulares, abundó, “todos hemos cometido pecados y quién esté libre que tire la primera piedra”.
Al destacar los puntos principales de este punto de acuerdo, la presidenta de la Primera Comisión, Pilar Ortega Martínez, destacó el “llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, partidos políticos, candidatos y ciudadanos, para que en el ámbito de sus responsabilidades y facultades garanticen que las elecciones se realicen en un ambiente de orden, paz y tranquilidad”.
Se pide a las autoridades electorales y demás instancias a actuar con estricto apego a la legalidad y garantizar imparcialidad en caso de presentarse irregularidades.
De igual forma, se solicita a las autoridades de procuración de justicia para que, previa denuncia, actúen con prontitud y diligencia ante cualquier presunta conducta delictiva y establezcan mecanismos de información accesible para orientar a la ciudadanía en la presentación de denuncias.
Planteó dirigir también un mensaje a la población, para que “el próximo 7 de julio se dé una amplia participación de los ciudadanos de las entidades federativas”, para que gocen de sus derechos políticos.
ADVIERTEN QUE PUBLICACIONES DONDE SE DENIGRE LA IMAGEN DE MENORES, CONSTITUYE UN DELITO
La Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó respetuosamente a los medios de comunicación del estado de Yucatán a que, en cumplimiento con la Convención de los Derechos de la Niñez, en razón de que constituye un delito, se abstengan de difundir información o imágenes que denigren o afecten la integridad psico-emocional de los menores de edad.
También llamó a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración, envíe a esta soberanía un informe sobre la situación que enfrentan los migrantes en nuestro país y del proceso de deportación a sus países de origen, así como para que refuerce los programas y políticas dirigidas a garantizar sus derechos humanos.
Asimismo, los legisladores aprobaron un exhorto, con pleno respeto a la división de poderes, a las entidades federativas a que en el ámbito de su competencia refuercen las medidas dictadas por el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a efecto de garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de dichas personas.
En otro punto de acuerdo, la Primera Comisión de la Permanente llamó al Gobierno del Distrito Federal, a los jefes delegacionales y al Instituto del Deporte del DF a fortalecer los espacios deportivos con que cuenta la ciudad de México.
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