Las comisiones de Derechos Humanos, Trata de Personas y de Asuntos Indígenas emprenderán una serie de reformas para acabar con la falsa aplicación de programas sociales y hacer efectivo el respaldo de programas de Desarrollo Social a las comunidades indígenas.
Así lo anunciaron las respectivas presidentas de dichas comisiones, Angélica de la Peña, Adriana Dávila y Luisa María Calderón Hinojosa, al escuchar las denuncias de Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el testimonio de Hermelinda Santiago, sobre las condiciones de pobreza y humillación en los que viven 3.5 millones de migrantes internos que laboran como jornaleros.
“A través de ese trayecto que he vivido he perdido cada persona, cada ser querido caído en el camino y dicen ese no cuenta, que no están ahí, pero cuando los gobiernos, cuando los políticos necesitan a los migrantes para el voto, entonces sí cuentan”, expuso Hermelinda en su participación en el foro Migrantes somos y en el camino andamos”.
Al escuchar de voz de las legisladoras y autoridades de la Secretaría del Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las garantías brindadas a los jornaleros migrantes, a sus 28 años, con su labor de jornalera desde hace 20, un hijo de 8 años de edad y con cáncer, Hermelinda sostuvo que los apoyos gubernamentales no llegan a su comunidad.
“Vemos que hay programas , pero eso no te apoya… te dicen: no puedes entrar en este programa porque es para las de cuestiones económicas más bajas; hay programas de jornaleros agrícolas, dicen, pero no llegan, hay el programa de Oportunidades, el otro de Sedesol federal, algo así he escuchado, pero no caben en nuestra situación de migrantes”.
Tampoco, agregó, hay respaldo para que sus hijos, quienes por sus condiciones de pobreza van también a la cosecha, puedan seguir sus estudios al regresar a sus casas: “Nos dicen –los maestros-, allá arriba, nos mandan a nosotros de que los niños ya no los podemos recibir, porque ya no tienen derecho más a la educación, el que se llevó a sus hijos tienen qué pagar para que los reciban”.
En un lenguaje de quien ha perdido a madre y hermanos en los trayectos a las zonas de cultivo, apunta que ni siquiera tienen acceso al derecho a la alimentación: “Yo nunca he conocido una cama yo siempre he dormido en el suelo, siempre la tierra es mi cobija, es mi colchón… nosotros no conocemos cama, más que el petate, dicen son indios, eso es lo que ha ido creciendo de la discriminación. Las verduras no las conocemos mucho, cosechamos esas verduras donde vamos, pero no es para nosotros, es para la exportación que hacen los agricultores”.
Hermelinda puso en claro que conocen sus derechos, pero no existen mecanismos legales efectivos para hacerlos cumplir: “Nos dicen ¿ustedes qué pueden hacer?, son los indios, no tienen derecho a nada. Yo, dicen, tengo poder, tengo dinero, ustedes no tienen nada, más que sus derechos, pero esos no cuenta… en cada estado el que tiene dinero es el que vale
Tras escuchar estos testimonios, la senadora Angélica de la Peña apuntó que el primer paso es que desde el Senado y Cámara de Diputados se asuma la responsabilidad de emprender las reformas necesarias para hacer cumplir los derechos humanos, así como la aplicación efectiva de los programas sociales.
“Más allá de que conmovamos y se nos voltee el corazón y el estómago”, los legisladores debemos da dar respuesta efectiva, apuntó al advertir que de igual forma debe evitarse que los tres niveles de gobierno “no se pasen más la bolita” en el incumplimiento de las políticas públicas.
“Ya basta que las autoridades sean omisas, y lo digo de todos los partidos, en los tres órdenes de gobierno”, subrayó.
De igual forma, llamó a la población a colaborar: “Tolerancia cero, debemos ir más allá, en el mercado, tiendas, cadenas de supermercados, en verdulerías, no debe haber ningún producto agrícola que no tenga la marca de que efectivamente no hubo trabajo infantil ahí… llamo a toda la sociedad a que de veras salgamos de nuestra pasividad”.
En su turno, la senadora Adriana Dávila sostuvo que el reto del Senado es hacer valer los programas sociales y se pronunció por revisar las Reglas de Operación de los mismos, a fin de establecer un lenguaje claro que permita que estos aterricen a las comunidades más necesitadas, como los migrantes.
Consideró que los gobiernos deben analizar como el Legislativo puede establecer un proceso para que se difundan claramente las Reglas de Operación y puedan ser exigidos los derechos por parte de las comunidades indígenas y jornaleros migrantes. “Hay qué decirles cómo pueden exigir sus derechos”, puntualizó
En lo anterior coincidió la senadora Luisa María Calderón, al apuntar que es necesario adaptar los programas de gobierno a la movilidad de los migrantes en los cuatro meses que van a su labor, “que los trabajadores de Oportunidades toquen sus puertas cuando ellos se encuentren ahí, igual con los apoyos de agriculturas y proyectos productivos”.
En educación también debe de haber una adaptación a su estacionalidad de 7-8 meses, a fin de que los niños tengan mejores condiciones, creándose así mejores incentivos para que regresen a casa.
La meta es establecer formas que paulatinamente generen mejores condiciones de vida para que las familias indígenas no se vean obligadas a migrar, concluyó.
--oo0oo--
