Con el objetivo de determinar si son o no intimidatorios los requerimientos del pago de impuestos, la Comisión Permanente solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) un informe sobre los procedimientos y modalidades con los que se dirige a los contribuyentes.
Lo anterior a partir de los fundamentos planteados en el punto de acuerdo presentado por el diputado perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa, quien acusó al SAT de intimidar e incluso amedrentar a los contribuyentes a través de su programa “Regularización de Adeudos Fiscales Ponte al Corriente”.
Esto, expuso, porque la dependencia indica a los contribuyentes que “tiene pleno conocimiento de los ingresos que obtuvo precisando el detalle de los bienes que vendió o compró, por lo que, lo invita a ponerse al corriente a la brevedad posible”.
A esto se agrega, enfatiza, que las notificaciones no cuentan con fundamentos conforme a derecho, como tampoco exponen las motivaciones por las que la autoridad se las hace llegar.
La Comisión Permanente expone, por su parte, que el Artículo 14 plantea claramente que “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.”
En tanto el artículo 16 establece que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandato escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”
De igual forma destacó lo establecido por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en el sentido de que “las autoridades fiscales, previo a la emisión de un acto de molestia o afectación a los derechos fundamentales de los contribuyentes, deberá determinar si la medida es idónea o proporcional para lograr la finalidad perseguida por la acción recaudatoria”.
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