La Comisión Permanente pidió al Ejecutivo Federal que informe sobre las condiciones actuales del sistema penitenciario, así como las estrategias que llevará a cabo para su mejoramiento en el marco de la implementación del Sistema Penal Acusatorio en el país.
En el dictamen aprobado se hace notar que el Estado mexicano tiene la obligación de un especial cuidado de los derechos de todas las personas que se encuentran en reclusión, por lo que es apremiante atender de forma oportuna y eficaz la protección de sus garantías.
Los legisladores mencionaron que se necesita un diagnóstico integral que indique las condiciones en que funcionan este tipo de centros, a fin de conocer a lo que se aspira en materia penitenciaria y garantizar a los reclusos su derecho al trabajo, a la educación, salud y el deporte.
Todos esos elementos --agregaron-- posibilitan la reinserción social de los sentenciados, además de que no debe permitirse el contexto de sobrepoblación que impera en algunas de las prisiones de nuestro país.
Refirieron que la reforma constitucional de 2008, que busca establecer en el país un sistema de justicia penal de corte acusatorio, impuso la obligación de que el nuevo método de ejecución de sanciones penales y de reinserción social fuera adoptado por la Federación y los estados a más tardar en junio de 2011.
Sin embargo, precisaron, ello no se ha logrado, por lo que el Senado de la República reformó la Constitución, con el objetivo de que el Congreso pueda expedir una ley de ejecución de sanciones única.
De ahí que, expresaron, al concretarse dicha reforma será necesario contar con la información referente a los centros penitenciarios.
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