La Comisión Permanente pidió a la Secretaría de Gobernación que explique el estado que guarda el registro y expedición de la cédula de identidad para menores de edad e informe sobre las medidas implementadas para garantizar la protección de los datos personales contenidos en este documento.
De igual manera, la Segob deberá indicar en qué se ha ejercido el presupuesto designado a dicho registro y la contratación de servicios a terceros.
En el dictamen avalado por el Pleno se subraya que la expedición de la cédula fue retarda debido a la controversia constitucional que interpuso la Cámara de Diputados en la pasada legislatura contra la emisión de dicho documento.
Sin embargo, se menciona, el Secretario de Gobernación y otros funcionarios han señalado que el programa para expedir la cédula de identidad se encuentra en marcha desde el 1 de diciembre del año pasado, ya que se han dado directrices para que se continúe.
Por esa razón, los legisladores consideraron que se ha generado una “gran incertidumbre” entre la población, ya que no existe información suficiente sobre el avance del programa y el resguardo de los datos que se entregó a las escuelas de todo el país.
Es por ello que pidieron conocer el estado que guarda la expedición de la identificación y los avances que existen, pues su proceso implica aspectos como el ejercicio de recursos económicos, asignación de contratos con proveedores y garantías de seguridad para los datos de los menores.
“Es importante conocer de qué forma se ha ejercido el gasto asignado, qué metas se han cumplido, la contratación de servicios a terceros, los controles de confianza que se aplican al personal y las garantías para salvaguardar los datos personales”, puntualizaron.
Reconocen legisladores labor para proteger especies marinas
Más adelante, senadores y diputados hicieron un reconocimiento a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, del Servicio de Administración Tributaria y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, por el desempeño de sus actividades que permitieron el aseguramiento de partes y derivados de especies como el Pepino de Mar, Caballito del Pacífico y Totoaba.
Asimismo, pidieron redoblar sus esfuerzos para inhibir el comercio y tráfico ilegal de flora y fauna protegidas, así como mejorar la eficacia en la integración de los expedientes correspondientes para que quienes incurran en estas reprobables prácticas reciban de manera efectiva la sanción prevista en la ley.
Piden informe sobre daño al medio ambiente causado por Pemex en Salina Cruz, Oaxaca
En otro tema, la Permanente solicitó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que informe sobre el deterioro al medio ambiente, recursos naturales, biodiversidad que se han registrado desde hace cinco años a causa de las actividades de Petróleos Mexicanos en la zona del puerto de Salina Cruz, Oaxaca.
De igual forma, requirió a Pemex un reporte sobre las medidas y acciones que ha llevado a cabo para proteger el medio ambiente y el desarrollo social en los últimos años en esa región.
Necesario conocer procedimientos de verificación de mercancías de comercio
Posteriormente, el Pleno pidió al Servicio de Administración Tributaria un informe sobre los procedimientos de verificación de mercancías de comercio exterior al interior de los recintos fiscales y explique el funcionamiento del mecanismo de selección automatizada.
En el dictamen aprobado se indica que es del mayor interés conocer el funcionamiento de verificación de las aduanas, pues “no solamente están protegiendo el interés fiscal sino también a la planta productiva nacional, además de que coadyuvan en el cumplimiento de normas sanitarias, ambientales, migratorias y de seguridad nacional”.
Proponen realizar campaña de reforestación a nivel nacional
En la misma sesión, la Comisión Permanente exhortó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal para que lleven a cabo una campaña de reforestación con especies nativas de cada localidad.
Lo anterior, porque ante el creciente deterioro ambiental, la participación de todos los órdenes de gobierno resulta de la mayor importancia para intervenir a favor del medio ambiente y garantizar que toda persona tenga derecho a un ecosistema sano para su desarrollo y bienestar.
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