La Comisión Permanente exhortó a la Secretaría de Salud federal que evalúe y supervise las acciones que se llevan a cabo con el gasto federalizado del ramo transferido al estado de Sonora.
Lo anterior a partir de informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), respecto a la gran deuda por 600 millones de pesos que registran los hospitales General del Estado y el Infantil de la entidad, lo cual los ha llevado al extremo de no poder realizar acciones fundamentales, desde el cambio de camas, hasta operaciones prioritarias como trasplantes.
A ello se suma que las deudas conjuntas de los hospitales General y el Infantil suman más de 600 millones de pesos, lo cual ha derivado en que algunos proveedores han dejado de entregar insumos para cirugías, insumos básicos y medicamentos a los nosocomios.
La insuficiencia de recursos en el Hospital General impide llevar a cabo trasplantes de órganos ya que no hay presupuesto para ello y los siete quirófanos que el actual gobierno estatal empezó a construir desde 2010 permanecen en obra negra. En la actualidad sólo se trabaja con un quirófano de corta estancia y uno más que no cumple con lo más elemental de la norma mexicana para el sector.
Aunado a lo anterior, abunda la ASF, no hay dinero para pagar vigilancia, no hay cirugías de trasplante de órganos y las cirugías de corazón se suspendieron hace más de un año. Los pocos especialistas de áreas específicas que trabajaban lo hacen por contrato como es el caso de neurólogos o del especialista de colon.
En cuanto a las enfermeras ha habido una fuga masiva al Instituto Mexicano del Seguro Social; tan sólo del área de cirugía renunciaron 10 enfermeras durante el último año. En incumplimiento a la norma oficial que establece que por cada enfermera debe haber cuatro pacientes, las enfermeras del Hospital General atienden de 10 a 15 pacientes.
Las anomalías para la vigencia del acceso a la salud llegan al extremo de que, hace un mes, no se podía cambiar la ropa de las camas del hospital porque no había jabón para lavarla.
El órgano auditor apunta, además, que se registra un exceso de pago de 177.0 miles de pesos a 11 servidores públicos del personal regularizado, a quienes se les pagó como médicos especialistas y sólo acreditan el nivel académico de medico general, además el pago 12,442.4 miles de pesos a 93 médicos que no disponen de la constancia de no inhabilitación.
A lo anterior se suma la falta del Programa Anual de Adquisiciones correspondiente al ejercicio 2011, así como la aclaración sobre la adquisición de medicamentos mediante licitación a un precio superior al importe según las facturas y lo establecido en los contratos.
En el punto de acuerdo se agrega que existen diversas denuncias públicas de irregularidades de atención en los hospitales General y el Infantil, derivado de la falta de personal y desabasto de medicamentos.
Se indica también la denuncia de la organización civil Sonora Ciudadana sobre los juicios de amparo ante la justicia federal, por la negativa del Hospital General del estado de proporcionar el tratamiento médico a que tenían derecho sendos pacientes, quienes fallecieron antes de que intervinieran las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos.
Otra irregularidad señalada es lo concerniente a la denuncia del doctor Carlos Manuel González Méndez, por la falta de homologación de sueldos de los trabajadores adscritos a dicha dependencia, no obstante que el Gobierno Federal canalizó al estado 174 millones de pesos, de los cuales, según la queja, únicamente se pagaron poca mas de 107 millones, es decir, tan sólo 61.5 por ciento de los recursos y se desconoce el destino del resto.
Al respecto, el senador panista Héctor Larios rechazó las acusaciones de irregularidades en el Sistema de Salud de Sonora, calificándolas de “afirmaciones dolosas y políticamente erróneas”.
Afirmó que Sonora se ubica en los primeros lugares en la cobertura a través del Seguro Popular y ofrece una atención de gran calidad en los tres niveles de atención médica, además de registrar un abasto de medicamentos superior al 90 por ciento.
En cuanto a las presuntas irregularidades en la homologación salarial, el político sonorense sostuvo que se requieren más de 2 mil millones para equiparar al personal médico estatal, federal y del seguro popular y no sólo 174 millones, como se dice.
Pese a lo anterior, aseveró que el PAN está de acuerdo en que se transparenten los gastos en Salud en Sonora, así como que las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos investiguen las presuntas agresiones a personal médico.
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