A través de un dictamen, la Comisión Permanente hizo un llamado a las entidades federativas para que desarrollen acciones que refuercen y garanticen el interés superior de la niñez.
Lo anterior, luego de que el 16 de enero, Clara Armendáriz dejara a su hija recién nacida afuera de la iglesia de San Antonio en Chihuahua, argumentando que abandonó a la menor pues ocultó el embarazo a su familia “por una depresión derivada de la muerte reciente de su madre, el abandono de su pareja sentimental al enterarse del embarazo; el sentimiento de culpa y el rechazo de una sociedad conservadora que reprueba social y religiosamente a las madres solteras”.
La Fiscalía del estado investigó y ubicó a Clara a quien le fincaron responsabilidad penal por omisión de cuidados y violencia familiar y se encuentra sujeta a proceso penal; mientras que la Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), inició un juicio para solicitar la pérdida de la patria potestad.
Por otra parte, su familia al enterarse de la situación le mostró su apoyo incondicional y ha implementado acciones legales para la defensa y recuperación de Clara y la pequeña, actualmente en custodia de las autoridades.
Programa de regulación de ambulancias
En otro dictamen avalado, los senadores y diputados urgieron a la Secretaría de Salud del Distrito Federal a informar sobre el estado del Programa de Regulación de Ambulancias en el Distrito Federal, así como de las acciones implementadas para evitar que en algunos casos de servicios de atención médica de emergencia operen al margen de la ley.
Los legisladores establecieron que las reformas a la Ley de Salud del DF y la implementación del Programa de Regulación de Ambulancias plantean diversas obligaciones y requisitos que deben cumplir las unidades médicas móviles, entre las que destaca el ser utilizadas únicamente para el propósito autorizado; recibir mantenimiento periódico; contar con un vehículo y equipo adecuados; participar en las tareas de atención de incidentes con múltiples víctimas y, en los casos de desastre, moderar el uso de la sirena y las luces de emergencia, entre otros.
Además, se pretende obligar a los prestadores del servicio en el ámbito público, social y privado, a contar con las certificaciones correspondientes, además de actuar con un enfoque de derechos humanos y capacitarse periódicamente.
Adicionalmente, se creó el Comité de Atención pre-hospitalaria de las Urgencias Médicas, encargado de emitir los lineamientos para la operación y funcionamiento de instalaciones, unidades y personal que preste servicios de atención pre-hospitalaria de urgencias medicas como instrumento de regulación de estas actividades.
Los legisladores también señalaron que el 30 de agosto vence el plazo fijado por la ley para poner en orden al servicio de ambulancias en la Ciudad de México.
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