- También solicita un reporte sobre “acontecimientos vandálicos” ocurridos el 10 de junio y 1 de diciembre en la capital del país
La Comisión Permanente requirió al procurador General de Justicia y al secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, un informe sobre el estado de la incidencia delictiva en la capital del país durante el último año.
De igual manera, los funcionarios deberán indicar el número de denuncias presentadas y de personas consignadas en los delitos de homicidio y feminicidio, así como las acciones implementadas para contrarrestar la situación de inseguridad en la Ciudad de México.
Además, los legisladores solicitaron un reporte del estado que guardan los procesos seguidos en contra de las personas que presuntamente participaron en los “acontecimientos vandálicos” del pasado 10 de junio y en las “manifestaciones de violencia” en la toma de protesta del Presidente de la República.
También, exhortaron a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que revise el marco jurídico, a fin de garantizar que las manifestaciones en lugares públicos no quebranten el orden, violenten los derechos humanos de terceros o provoquen daños a propiedad privada y pública.
En el dictamen aprobado se señala que la desaparición de 12 personas en la Zona Rosa y los datos estadísticos que revelan un aumento de los delitos en el DF son muestra de que la ciudad “enfrenta un clima de inseguridad que no ha podido ser revertido y que se ha agravado por sucesos que no se habían presentado anteriormente”.
Por ello, consideraron indispensable que el gobierno capitalino explique las medidas y acciones que se han ejecutado para erradicar los grupos delincuenciales vinculados con el tráfico y venta de drogas que operan en Tepito, la Condesa y la Zona Rosa.
Manifestaron su preocupación por la desaparición de 12 personas, por lo que es necesario que la Permanente cuente con mayores elementos para que la situación de inseguridad prevalecente en últimas fechas en la ciudad sea analizada en conjunto.
Por otro lado, senadores y diputados hicieron notar la necesidad de conocer la información relativa a los grupos y organizaciones que participaron en los acontecimientos del 10 de junio y su relación con otras manifestaciones de la “misma índole” como la del 1 de diciembre de 2012, “el secuestro de la Torre de Rectoría de la UNAM y el conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México”.
Enfatizaron que “independientemente de que los hechos implican en cierto modo acciones delictuosas, es posible que las mismas tengan como factores generadores una descomposición en el tejido social que ha llevado a la consumación de tan preocupantes actos”.
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