La Comisión Federal de Competencia envío a la Comisión Permanente una propuesta de adecuaciones a la legislación secundaria en materia de competencia económica.
Según las áreas técnicas del órgano regulador se deberán realizar exclusivamente las modificaciones necesarias para reflejar la reforma constitucional que entró en vigor el pasado 12 de junio, que los cambios sean concordantes con las mejores prácticas internacionales y garanticen certidumbre jurídica “sin sacrificar eficacia”.
En el primer caso, la CFC explicó que la ambiciosa reforma a la Ley de Competencia Económica aprobada por el Congreso en 2011 apenas está alcanzando su aplicación plena en coincidencia con el principio jurídico de no retroactividad de las leyes.
Más aún, consideró que en su gran mayoría la ley vigente es consistente con la reforma constitucional, de tal manera que “un nuevo ejercicio de revisión profunda de la ley no sólo resultaría innecesario sino que implicaría el riesgo de retroceder respecto de lo alcanzado en 2011”.
Más adelante, la Comisión hizo notar que el derecho de la competencia es uno de los campos donde más ha avanzado la convergencia internacional de criterios y estándares analíticos, gracias al esfuerzo sostenido por muchos años de las agencias de competencia del mundo en foros como la OCDE y la Red Internacional de Competencia Económica.
Añadió que aunque varios de los conceptos de la reforma constitucional reflejan la porción más avanzada de estas prácticas, en casi todas ellas resulta posible aprovechar la experiencia de otras jurisdicciones para garantizar su consistencia con el estado del arte en materia económica, así como con los objetivos de las propia reforma.
Sobre el tercer punto de la propuesta, relativo a la certidumbre jurídica, de acuerdo a la CFC la reforma a la Carta Magna establece una serie de parámetros para operación interna de la autoridad de competencia y para la revisión judicial de sus resoluciones, que se plasman en esta propuesta.
De este modo, dijo, se aseguran simultáneamente el debido proceso y la protección de los derechos de los agentes económicos, por un lado, y la protección eficaz del bien jurídico tutelado en el artículo 28 Constitucional y la Ley Federal de Competencia Económica, por el otro.
Expuso que la reforma constitucional es la culminación de más de 20 años de esfuerzos por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo y la propia Comisión para establecer la competencia como principio básico de la organización de los mercados, en beneficio de la productividad de la economía y el bienestar de los consumidores.
En opinión de la CFC “la tarea ahora es traducir lo logrado en la Constitución en una ley secundaria que permita al nuevo pleno de la Comisión, que deberá ser seleccionado. nombrado y ratificado en los próximos meses, ejercer su función conforme a las altas expectativas que justificadamente se han depositado en él”.
El oficio que contiene la propuesta fue remitido a las cámaras de Senadores y de Diputados.
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