De 1997 a abril de este año se observó un crecimiento vertiginoso de 175.04 por ciento en el número de mujeres que se encuentran recluidas, lo cual implica una tendencia año con año de entre 4 y 5 por ciento de la población penitenciaria total, reveló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En la actualidad ---expuso-- la población femenil recluida asciende a 11 mil 901 mujeres, de las cuales 8 mil 839 son del fuero común, es decir el 74.27 por ciento y de este número 4 mil 532 son procesadas y 4 mil 307 han sido sentenciadas.
De las 3 mil 62 internas del fuero federal, que representan el 25.72 por ciento con respecto al total de la población de mujeres en el país, mil 728 están bajo proceso y mil 334 son sentenciadas, indicó.
Del total de la población femenil, solamente 4 mil 189 se encuentran recluidas en centros específicos para mujeres, lo que representa 35.19 por ciento mientras que 7 mil 712, es decir el 64.80 por ciento, se alberga en centros mixtos.
Por ende, hay una sobrepoblación que va del 12 al 97 por ciento en algunos centros, precisó la Comisión.
En un informe especial sobre el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres internas en centros de reclusión del país, remitido a la Comisión Permanente, la CNDH observó “la añeja y de ninguna manera justificable situación de discriminación en razón de género que permea en dichos establecimientos”.
Además, luego de una serie de visitas a centros penitenciarios, la Comisión detectó deficiencias que se manifiestan en una notoria falta de presupuesto y atención específica relacionada con el internamiento de las mujeres, que presenta un marcado desequilibrio con el de los varones.
Más aún, en el caso de las mujeres indígenas, que si bien representan una minoría, a menudo padecen o sufren de una mayor discriminación, cuya principal barrera es el idioma.
Para la Comisión Nacional la ausencia de una perspectiva de género “en todas las fases del sistema de justicia”, en particular la referida a la ejecución de la pena de prisión, “conlleva a una especie de doble penalización de las mujeres y la ulterior violación de sus derechos humanos”.
Hizo notar que en los establecimientos mixtos, por ser considerablemente más numerosa la población masculina, las internas procesadas y sentenciadas se encuentran incluso hacinadas o con una serie de restricciones o carencias materiales que no tienen justificación y les impide el efectivo ejercicio de sus derechos humanos.
Estas deficiencias que padecen las mujeres recluidas y también las de sus menores hijos, vulneran en su perjuicio los derechos humanos consagrados en la Constitución relativos al trato digno, salud, alimentación, legalidad y reinserción social, puntualizó la CNDH.
En la mayoría de los centros de reinserción verificados, añadió , la atención médica es deficiente, existen irregularidades en la elaboración y distribución de los alimentos pues no se les proporcionan tres raciones de comida al día ni utensilios para su consumo, mucho menos a los hijos de las internas que viven con ellas.
Adicionalmente, la Comisión detectó que no se realizan acciones tendientes a que las internas reciban alguno de los beneficios de libertad anticipada, no cuentan con normatividad interna relacionada con el traslado de reos, ni hay suficientes actividades laborales, de capacitación y educativas, ya que el material didáctico es escaso.
En sus observaciones, la CNDH señala que todas las personas que se encuentran privadas de su libertad tienen el derecho de permanecer en condiciones de estancia digna y segura y, por tanto, con instalaciones de calidad.
La Comisión consideró pertinente que los gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal realicen acciones necesarias para que las internas cuenten con instalaciones en buen estado, así como una correcta aplicación del tratamiento que requieren para su reincorporación social.
El oficio con el que la CNDH envió este Informe Especial fue turnado a las comisiones de Derechos Humanos de las cámaras de Senadores y de Diputados, así como a la Primera Comisión de la Permanente.
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