Senadores y diputados de la Comisión Permanente llamaron al Ejecutivo federal a realizar una evaluación sobre los costos del Registro Nacional de Telefonía Móvil (RENAUT), así como de la incapacidad técnica de éste para garantizar la seguridad en el manejo de la información obtenida.
Asimismo, le pidieron indagar y promover la sanción de servidores públicos que hayan hecho uso indebido de la información confidencial proporcionada por la ciudadanía.
En el tercer punto de resolutivo avalado por la Tercera Comisión, que preside la senadora Graciela Ortiz González, sus integrantes también exhortaron al Ejecutivo a buscar soluciones reales y factibles al problema del delito de extorsión telefónica, sin afectar el derecho a la privacidad de las personas.
Otro dictamen aprobado en la reunión de este martes incluye la petición para que la Auditoría Superior de la Federación lleve a cabo una auditoría integral al ejercicio de los fondos federales entregados al gobierno de Jalisco, durante el periodo del 1 de marzo de 2007 al 28 de febrero de 2013, con el propósito de verificar su correcto ejercicio.
En la propuesta, impulsada por la senadora Verónica Martínez Espinoza, del PRI, se da cuenta que dicha entidad ha registrado diversas irregularidades y que el desvío de fondos federales aplicados a obras o servicios para la organización de los Juegos Panamericanos 2011, fueron objeto de observación por parte de la ASF.
En otro punto de acuerdo desahogado, los legisladores solicitaron a los gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal poner en marcha medidas para prevenir y erradicar el trabajo infantil en todas sus formas, especialmente en el ámbito doméstico.
En la exposición de motivos del dictamen coincidieron en que el trabajo infantil es una violación de los derechos humanos fundamentales, ya que entorpece el desarrollo de los niños y les produce daños físicos y psicológicos para toda la vida.
Concretamente, al Ejecutivo federal lo conminaron a suscribir a la brevedad el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, referente a las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos.
En la misma reunión de trabajo, también fue ratificado un exhorto a la Secretaría de Economía para que continúe sujetando el Gas LP a precios máximos al usuario, a fin de que se garantice el consumo popular.
Senadores y diputados consideraron pertinente que la Procuraduría Federal del Consumidor refuerce sus labores de vigilancia y verificación a los precios máximos al usuario de Gas LP, a las empresas distribuidoras del producto, y sobre el peso y contenido de los tanques para la venta a particulares y comercios.
De igual forma, le requirieron a Petróleos Mexicanos remita un informe sobre las acciones de remediación realizadas en los últimos diez años a causa de fugas y derrames de hidrocarburos y se incluyan las empresas remediadoras encargadas en cada caso, así como las indemnizaciones a las personas afectadas y el estatus de éstas últimas.
En tanto, las procuradurías Federal de Protección al Ambiente y General de la República, deberán enviar a la Comisión Permanente un informe del número total de querellas o denuncias recibidas de autoridades o de particulares, relacionadas con fugas o derrames de hidrocarburos en los estados de Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y Chiapas, del 1º de enero de 2010 a la fecha, incluyendo los hechos relacionados y los montos reclamados.
Igualmente, hicieron un llamado a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que lleve a cabo acciones a fin de facilitar la movilidad de usuarios de tarjetas de crédito entre los bancos, vigilando que las instituciones bancarias informen y faciliten los mecanismos para dar por terminados los contratos de adhesión”.
En otro punto, los legisladores acordaron invitar al gobierno de Aguascalientes para que en el marco de sus atribuciones resuelva la situación en la que está inmersa la empresa Ganaderos Industriales de la Leche, S.A. de C.V., a fin de que se preserven los empleos directos e indirectos que genera.
Además, señalaron que es importante garantizar la viabilidad de la cadena productiva de leche y que se sostenga la derrama económica para el estado de Aguascalientes.
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