“México cuenta con una gran variedad de instituciones bancarias, sin embargo, esta oferta se concentra en zonas urbanas mientras que el sector rural está prácticamente abandonado, hecho que evidentemente ha marginado a millones de habitantes a lo largo de nuestro país obligados a buscar salidas alternativas para resolver sus necesidades financieras básicas como los son el ahorro y el préstamo”.
Lo anterior fue expuesto en tribuna de la sesión de la Permanente por el senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Benjamín Robles Montoya, al sustentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
La iniciativa propone reducir de 180 a 30 días naturales a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio, el plazo para obtener el registro ante la Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo así como establecer límites a los préstamos de las cooperativas a los socios y fortalecer el marco jurídico y la protección a los ahorradores.
El legislador explicó que dicho abandono dio como resultado la creación y proliferación de sociedades cooperativas que operaban al margen de la ley. Sostuvo que en nuestro país, el término "caja popular" o "caja de ahorro" abarca un amplio rango de intermediarios financieros, similares a las cooperativas financieras que se encuentran en toda Europa, Estados Unidos, Canadá y gran parte de los países en vías de desarrollo.
El desarrollo de las Cajas de Ahorro Popular se mantuvo por mucho tiempo sin el reconocimiento de la Ley, al margen de la participación del gobierno para fomentarlas y regularlas. La tendencia cambió en 1991, cuando la Ley General de Organizaciones y Actividades de Crédito fue modificada, para incluir a las Sociedades de Ahorro y Préstamo como intermediarios financieros regulados.
Apuntó que en la actualidad “si bien muchas de estas organizaciones son exitosas y gozan de la confianza de sus socios, últimamente como todos los sabemos se han producido diversos problemas derivados de las actividades fraudulentas por parte de personas que aprovechando los vacios legales establecen cajas de ahorro de aparente legalidad para cometer millonarios fraudes”.
Precisó que de 850 entidades que prestan servicios de ahorro y crédito popular en el país, tan sólo 99 aparecen como autorizadas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Asimismo destacó que otro problema es la multiplicación de las cajas de ahorro al amparo de lo que se conoce como prórroga condicionada, que es el plazo que tienen para tramitar su regularización ante la Comisión.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. Primera.
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