Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Nunca más las deudas de los agentes económicos privados deben convertirse en deuda pública para que finalmente la sociedad mexicana, con sus impuestos, termine pagando esos pasivos.
“Nos parece muy delicado que se vayan a discutir y aprobar cambios en las leyes financieras, sin antes establecer una restricción para evitar que haya un nuevo rescate de los bancos por parte del Estado mexicano con recursos de los contribuyentes”.

Lo anterior es el sustento de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 25 y 73 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Las adiciones dijo, tienen como objeto prohibir la emisión tanto del Estado como del Congreso de la Unión, de leyes o decretos mediante los cuales se conviertan deudas de agentes económicos privados en deuda pública.
La iniciativa de reforma a la Constitución, precisó Cantú Garza, es presentada en el marco de la discusión que se está llevando a cabo con motivo de las 13 iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal, conocida como “reforma financiera”.
Propuso que se ponga un "hasta aquí", a quienes en el sistema capitalista en el que nos encontramos inmersos, realicen sus actividades económicas a partir de la explotación de los trabajadores y que cuando los negocios van mal, solicitan que el Estado se haga cargo de sus deudas.

Destacó que el porcentaje de morosidad de las empresas privadas no financieras con la banca comercial se ha mantenido en un nivel del 2 por ciento entre diciembre de 2010 y diciembre de 2012, porcentaje que aunque menor, debe ser signo de preocupación, si la economía mexicana no muestra signos de recuperación pronto.

En una situación similar se encuentran los bancos privados de nuestro país, que hicieron préstamos descomunales a las personas y ahora no pueden cobrar esos créditos. De acuerdo a la información publicada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a diciembre de 2012, se habían emitido 24 millones de tarjetas de crédito.

Por esas circunstancias, manifestó, es necesario tomar el control del problema y poner un freno a la descapitalización de la economía y del saqueo del esfuerzo productivo nacional, para que “nunca más, ahora sí, nunca más, volvamos a ser sorprendidos por quienes hegemonizan el poder político y económico en nuestra nación y descarguen sus pérdidas sobre las espaldas del pueblo mexicano”.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

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