Senadoras de la República se comprometieron a promover una legislación integral, que involucre a los tres niveles de gobierno, a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la senadora Martha Elena García Gómez, presidenta de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, alertó de las condiciones insalubres e inseguras en las que laboran más de 3.2 millones de niñas, niños y adolescentes.
Ante esta situación, la legisladora panista reconoció la urgencia de realizar un debate entre las y los legisladores federales, con instituciones federales, organismos internacionales, de la academia, el sector privado, la sociedad civil organizada, que permita avanzar en una legislación integral.
Una, dijo, que articule un sistema eficiente para la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes acorde a sus necesidades e intereses.
En tanto, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, titular de la Comisión para la Igualdad de Género, aplaudió que el reto se enfrente de forma colegiada, de tal manera que cada Comisión podrá hacer una aportación a un tema al que se está llegando tarde.
Señaló que a fin de garantizar efectivamente los derechos de los niños y adolescentes, es necesario pasar de la etapa asistencialista a una de tipo garantista, en la que “se le ponga nombre y apellido” al problema y se deje de relegar esta labor a instituciones que no cuentan con el marco jurídico necesario.
Asimismo, la legisladora priista afirmó que es necesario homologar los marcos jurídicos sobre la niñez en los diferentes estados de la República y dar visibilidad al tema de los adolescentes, quienes se encuentran abandonados.
A su vez, la senadora priista Hilda Flores Escalera, quien tiene a su cargo la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, también se pronuncio a favor del trabajo conjunto, que recoja las virtudes de cada posición o enfoque encaminado a diseñar una ley garantista en materia de derechos de la niñez.
Los diferentes grupos parlamentarios --añadió-- hemos hecho el compromiso de trabajar para buscar el consenso, el acuerdo, privilegiando esta causa que tiene que ver con una ley garantista en materia de derechos de la niñez.
Por su parte, la senadora perredista Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dejó en claro que “tenemos que poner el interés superior de la infancia o superior de la niñez, por encima de cualquier otro interés de tipo personal, particular, partidario, para que pongamos todo nuestro empeño en lograr que la ley que se geste en el Congreso de la Unión pueda servir de base para el ámbito local y municipal”.
Resaltó que en este tema se tiene que trabajar desde el municipio, toda vez que es ahí donde se tejen las redes sociales y el trabajo con los alcaldes o presidentes municipales.
Por su parte, Isabel Crowley, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, destacó que son los legisladores quienes tienen en sus manos la enorme tarea y responsabilidad de trabajar en la construcción de un marco jurídico armonizado.
Señaló que lo anterior permitirá avanzar de manera definitiva hacia la articulación de un sistema integral que garantice los derechos de más de 42 millones de niños, niñas y adolescentes de este país.
Señaló que para arribar a una buena legislación, resulta indispensable tener claridad sobre los componentes y mecanismos del sistema de garantías que el país requiere.
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