Senado de la República

El diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financiero, con el propósito de asegurar que dicha tarea esté a cargo de un organismo público con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones.
Señaló que el sistema financiero resulta ser uno de los factores que requieren mayor atención dentro del desarrollo económico de una nación, ya que si éste es débil ello se traduce en un crecimiento potencial muy bajo para el país.
Consideró que México, “lejos de contar con un mercado bursátil sólido y estable que otorgue instrumentos de contribución para el crecimiento de la economía, se ha caracterizado por un sector bancario en el que una oligarquía hegemónica se vale de barreras de entrada para inhibir posibles competidores e implementar mecanismos de colusión de precios”.
Mencionó que uno los principales problemas relacionados con la protección efectiva de los usuarios de los servicios financieros se debe a que la CONDUSEF carece de independencia y facultades plenas para operar como una auténtica oficina de protección al consumidor.
“Del mismo modo --añadió--  existe una duplicidad de funciones con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), además de que la Comisión carece de personal especializado y de un sistema sencillo de presentación”.
Monreal Ávila consideró de “suma urgencia” facultar con mejores herramientas a la CONDUSEF, en aras de que existan mecanismos eficientes que permitan a los usuarios de servicios financieros recibir un verdadero respaldo frente al oligopolio bancario imperante en nuestro país.
Hizo notar que el “ínfimo” poder adquisitivo con el que cuenta la mayoría de la población mexicana ha ocasionado que ésta utilice el crédito como un sustituto y no como un complemento del ingreso.
Asimismo, dijo, nos encontramos lejos de una educación financiera donde la prudencia y el ahorro sean los ejes rectores en los patrones de consumo.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
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