Senado de la República

A pesar de la tipificación del delito de feminicidio en el Código Penal de Puebla, el número de asesinatos en contra de mujeres se ha incrementado en la entidad, advirtieron legisladoras de la Comisión Permanente.
De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del estado, subrayaron, en los últimos ocho años se han contabilizado más de 445 casos; de los cuales, 148 se registraron en 2011 y 2012; 29 en 2005, 25 en 2006, 56 en 2007, 51 en 2008, 57 en 2009, 64 en 2010 y 15 homicidios en este año.
Ante este panorama, el pleno de la Permanente hizo un llamado al gobernador de Puebla para que, por conducto de la Procuraduría General de Justicia estatal, informe de manera detallada sobre las medidas aplicadas y de carácter preventivo para atender la creciente cifra de feminicidios cometidos en la entidad.
Además, solicitó que se considere y desarrolle un programa estatal de prevención y de atención especializada en esta materia, así como vigilar puntualmente la tipificación de este delito grave como lo considera el artículo 312 Bis del Código Penal del Estado de Puebla.
En el dictamen aprobado sin discusión, se menciona que “los más grave de esta problemática es que los empleados de la Procuraduría General del estado no ha hecho uso de las adiciones” a dicha disposición, a pesar de que en todos los casos son evidentes los móviles de género como celos extremos o misoginia.
“No podemos dejar de lado la situación que vive el estado de Puebla y, como legisladores, una de nuestras tareas es salvaguardar las garantías de todos los ciudadanos, protegiendo siempre a los grupos más vulnerables y que en este caso son las mujeres”, se subraya.
Gobierno de Chiapas debe establecer mecanismos de diálogo con el CEDH
En la misma sesión ordinaria se aprobó un exhorto al gobernador y al Congreso de Chiapas para que establezca los mecanismos de diálogo y coordinación institucional con el Consejo Estatal de los Derechos Humanos.
Lo anterior, para superar la situación presupuestal del organismo y coadyuvar en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos en la entidad, toda vez que la Comisión “enfrenta una situación adversa”.
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