Senado de la República

La Primera Comisión de la Permanente aprobó un exhorto a los gobiernos de Tamaulipas y Federal para que en el ámbito de sus competencias garanticen la seguridad e integridad de todos los candidatos a puestos de elección popular en dicha entidad y en los estados en los que se celebrarán comicios el próximo mes de julio.
En el punto de acuerdo avalado este martes por senadores y diputados, también se hace un llamado al gobierno tamaulipeco para que, a través de la Procuraduría de Justicia del estado, se investigue y en su momento se castigue a los culpables del secuestro de Francisco Elizondo Salazar, candidato a diputado local por el principio de representación proporcional.
Además, solicita a la Secretaría de Gobernación dé a conocer los planes, convenios, estrategias y acuerdos que en materia de seguridad está desarrollando.
Sobre el tema, el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, presidente de la Primera Comisión, explicó que el pasado 6 de mayo, Elizondo Salazar “fue literalmente levantado” y 24 horas después liberado con la amenaza de que se retirará de la contienda electoral.
Expresó que al candidato “le fue bien”, pero hay registros de 88 aspirantes a alcaldes, diputados y gobernadores “que no han corrido la misma suerte y lamentablemente la delincuencia organizada está metiendo las manos en las elecciones y están amenazando candidatos o los están desapareciendo”.
Ante este panorama, manifestó el legislador panista, “no podemos permitir que la delincuencia organizada dicte la vida democrática de nuestra país. Creo que no podemos permitir el proceso de colombianización que se dio durante los años 80 y 90 en los que los cárteles de Medellín y Cali decidían quienes iban a gobernar Colombia”.
Por el PRI, la senadora María Cristina Díaz Salazar resaltó que este tipo de sucesos “vienen sucediendo desde haces más de seis años”, por lo que su grupo parlamentario respalda el llamado para que los gobiernos del estado y Federal garanticen la seguridad e integridad de todos los candidatos a puestos de elección popular.
Agregó: “Estamos conscientes de la necesidad de darle seguridad a los candidatos y por supuesto de darle certeza a las elecciones del próximo 7 de julio”.
A nombre del PT, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara afirmó que en diferentes partes del país ocurren este tipo de hechos y existe “un clima político realmente lamentable, más allá del tema de la inseguridad”.
En la misma reunión de trabajo, la Primera Comisión validó un punto de acuerdo para conminar a la Comisión Especial de Programas Sociales de la Cámara de Diputados, así como a la Comisión Especial de Seguimiento a los Procesos Electorales del Senado, a que abran una investigación sobre el caso de los Comités de Política Popular y Acción Social (COMPPAS), en el estado de Coahuila.
Y si de la investigación realizada se desprenden la posible comisión de un delito electoral, se precisa en la propuesta, se informe a las instancias que correspondan.
De igual forma, se aprobó un exhorto para que el Instituto Federal Electoral investigue las irregularidades cometidas por sus funcionarios en Quintana Roo, denunciadas por el Instituto Electoral del estado de Campeche y se solicita a la Procuraduría General de la República que indague a la brevedad estos hechos.
Rechazan legisladores actos que atenten contra integridad de migrantes
Por otro lado, este martes, senadores y diputados respaldaron una propuesta para rechazar “enérgicamente” los actos que atentan contra la integridad de los migrantes que transitan por nuestro país.
El resolutivo también solicita al gobierno de Veracruz que siga colaborando con el Instituto Nacional de Migración y demás instancias federales, a fin de realizar una investigación exhaustiva que permita fincar las responsabilidades conducentes por los hechos ocurridos el pasado 1 de Mayo en Cosoleacaque, e informe de las acciones que lleva a cabo para atender este problema.
En el dictamen se expone que en esa fecha un grupo de 500 migrantes que viajaban en el tren de Veracruz a Tamaulipas fueron asaltados y atacados por hombres que portaban machetes y armas de fuego porque se negaron a pagar la cuota de 100 dólares americanos que se les exigía a cambio de dejarlos pasar y seguir su camino.
Los legisladores resaltaron la importancia de garantizar la seguridad de quienes se encuentran en libre tránsito por el territorio mexicano, sin importar su estatus migratorio, condición social, étnica, religiosa o de cualquier tipo.
Piden que acciones de protección civil se realicen de forma coordinada y eficaz por Popocatépetl
Además, senadores y diputados de la Primera Comisión aprobaron un exhorto al Ejecutivo federal para que ante el posible y eventual cambio del Semáforo de Alerta Volcánica para el volcán Popocatépetl de Amarillo Fase 3 a Rojo Fase 1 o 2, envíe información que permita al Poder Legislativo coadyuvar para que las acciones de protección civil se realicen de forma coordinada y eficaz.
En especial, se agrega en el resolutivo, en el tema de que, dado el caso, se llegue a la evacuación de habitantes de comunidades circundantes al volcán.
En el acuerdo avalado, los legisladores coincidieron en que es necesario saber si a través de la implementación de este plan se ha reducido la vulnerabilidad de la población asentada en el entorno del volcán.
En otro tema, los integrantes de la Primera Comisión avalaron un dictamen que solicita al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, que ante el incremento de la delincuencia, trabaje en una política integral para combatirla.
En las consideraciones, los diputados y senadores mencionaron que si bien la inseguridad pública tiene sus orígenes en problemas como la pobreza, el desempleo, la desigualdad, deben respetarse los derechos humanos cuando se realicen esfuerzos para enfrentarla.
“Los órganos de gobierno están obligados a promover, respetar y proteger los derechos humanos. Cualquiera que sea su nivel de competencia, están obligados como funcionarios públicos a que su conducta no viole dichas garantías”, menciona el acuerdo.
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