Senado de la República

Al permitir la importación de vehículos usados, el gobierno mexicano hizo a un lado su responsabilidad de velar por la seguridad, salud e intereses de sus ciudadanos y dejó que nos convirtiéramos no en el patio trasero de Estados Unidos sino en su basurero automotriz.
Así lo manifestó Guillermo Rosales, director de Relaciones Institucionales de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), durante una reunión que sostuvo con legisladores de la Comisión de Asuntos Fronterizos, que preside el senador panista Ernesto Ruffo Appel.
Señaló que desde hace siete años se han importado legalmente más de 6 millones 800 mil autos usados, cantidad que representa 93.2 por ciento de las ventas de automóviles nuevos en México.
Lo anterior --agregó-- quiere decir que prácticamente por cada automotor nuevo que se incorpora a la circulación en nuestro país, también lo hace uno usado de importación.
En este sentido, mencionó que la importación de este tipo de transporte ha traído mucho más costos que beneficios, pues hay estudios realizados por el Centro Mario Molina y el Instituto Nacional de Ecología y del Cambio Climático que indican que los automóviles en Ciudad Juárez emiten 100 por ciento más óxidos de nitrógeno que los del Distrito Federal.
Asimismo, en esa ciudad el monóxido de carbono es mayor en 60 por ciento al existente en la capital del país.
Estamos incorporando vehículos viejos, obsoletos y sin regulación que generalmente poseen una motorización que demanda un mayor uso de combustible, lo que ha provocado que el consumo de gasolina se incremente en más del 50 por ciento en los últimos años, enfatizó.
Hizo notar que el acelerado ritmo de crecimiento del parque vehicular no será tolerado por la infraestructura urbana y representará un impacto muy importante en las finanzas públicas.
Por ello, se pronunció por hacer una evaluación integral de cuál es el impacto económico, ambiental y el costo que genera la circulación de autos usados importados, pues se permite importar vehículos que en EU tienen prohibido transitar y su destino es el reciclaje de materiales o su exportación a países africanos, centroamericanos o a México.
Se debe analizar esta situación en beneficio del país y de sus habitantes, más allá de la actividad comercial o los rendimientos económicos de la industria automotriz.
Sobre el decreto que regula la importación de este tipo de automóviles, Guillermo Rosales explicó que éste no ha funcionado adecuadamente debido a los amparos que se han interpuesto en su contra, lo que ha permitido que se traigan al país coches que no cumplen con los requisitos establecidos, además de generar una competencia desleal.
Es por eso que pidió a los senadores que formulen un exhorto al Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de que acelere y concluya en definitiva la deliberación de esos juicios de amparo porque “estamos seguros, con base en la tesis que hay por parte de la Corte, que la respuesta será a favor de mantener el decreto”.
Por su parte, el senador Ernesto Ruffo Appel dio a conocer las conclusiones del Foro “Importación de los Autos Usados a la Franja Fronteriza”, en las que se puntualiza que la regulación vigente en materia de importación no es adecuada, toda vez que ha propiciado la entrada de vehículos que no cumplen los requisitos.
Se afirma que éstos ingresan protegidos a través de un amparo, los cuales han provocado una entrada masiva de autos usados, lo que ha ocasionado graves afectaciones a la industria automotriz mexicana, a los comerciantes de la frontera norte, pero sobre todo al erario federal, denunció.
Ante este panorama, dijo que los senadores deben elaborar una propuesta efectiva que permita regresar al orden la importación de ese tipo de transporte, así como establecer los valores reales de mercado.
En tanto, la senadora del PRI, Ivonne Liliana Álvarez García mencionó que esta problemática no se encuentra en el decreto sino en los amparos que se han otorgado para no cumplir con éste.
Ello, alertó, ha abierto la puerta de manera “desequilibrada”, por lo que “la ruta a seguir es una solución de fondo que regule la entrada de vehículos al país”.
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