Senado de la República

El diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera informar si tiene investigaciones o análisis de sindicatos regulados en los apartados A) y B) del Artículo 123 constitucional, derivadas de que sus operaciones financieras pudieran constituir un acto ilícito.
El acuerdo, presentado a nombre propio y de la senadora de Acción Nacional, Laura Angélica Rojas Hernández, también llama al Procurador General de la República “para que respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común, investigue y, en su caso, persiga la probable comisión de delitos, respecto al aumento inexplicable del patrimonio de algunos líderes sindicales”.
Desde la tribuna de la Comisión Permanente, el diputado subrayó que el sindicalismo tiene el fin de proteger eficazmente a los trabajadores ante posibles injusticias cometidas por el patronato.
Sin embargo, dijo, puede viciarse y degenerar en el uso inadecuado de la fuerza gremial, para presionar excesivamente al patrón y también para el beneficio particular de algunos líderes en perjuicio de sus pares y de su lugar de trabajo, acotó.
“El corporativismo, los líderes a perpetuidad, el mal uso de los recursos, entre otros, son vicios que afectan a nuestros sindicatos y cuyos alcances lastiman la democracia, la transparencia y al propio Estado mexicano”, advirtió.
Por ello, pidió atender con urgencia el uso indebido de los recursos de los sindicatos, pues sus líderes han lucrado con las cuotas de sus pares y con recursos públicos que reciben por diversos conceptos.
“Este problema se origina con la opacidad, falta de rendición de cuentas y el uso particular de recursos que debieran ser de todos los agremiados o incluso de todos los mexicanos, pero se agrava aún más cuando tienen conexión con delitos graves como el lavado de dinero”, precisó.
En ese sentido, mencionó la reciente detención de la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, acusada por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
No es la intención del PAN, ni de los grupos parlamentarios, utilizar estos casos lamentables para golpear particularmente a una persona; el objetivo debe ser avanzar a una cultura de autentica rendición de cuentas y transparencia en todos los ámbitos de la vida pública de México, finalizó.
El punto de acuerdo se turnó a la Tercera Comisión.
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