Senado de la República

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El senador Zoé Robledo exhortó al Ejecutivo federal, así como a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a concretar una visita oficial a nuestro país del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Chaloka Beyani.

A través de un punto de acuerdo, el legislador del PRD expuso que el desplazamiento interno forzado por conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales es un problema que vulnera, directa e indirectamente, derechos relativos a la circulación y residencia, a la salud, seguridad personal, seguridad pública, seguridad alimentaria, al trabajo y a la educación. 

“México es un país en donde no existe reconocimiento institucional que atienda la magnitud del problema que significa el desplazamiento forzado interno, por lo que no se ha establecido una ley ni un marco de actuación frente al mismo, lo que genera un estado de vulnerabilidad a quien lo padece”, advirtió.

Zoé Robledo apuntó que de acuerdo con el Informe Global 2015: desplazados internos por conflictos y violencia, elaborado por el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados, en México existen al menos 281 mil 400 desplazados internos.

Además, México fue el país de América Latina con más desplazados internos registrados, seguido por Perú, El Salvador, Guatemala y Honduras.

El integrante de la Comisión Especial Sur-Sureste destacó que Chaloka Beyani, Relator Especial de Naciones Unidas para los Desplazados Internos, ha sido invitado en diversas oportunidades para abordar este preocupante tema, la última ocasión por el gobierno de una entidad.

“Sin embargo, en días pasados, el propio relator informó de la negativa de las autoridades, porque el Ejecutivo federal considera que el tema de desplazamiento no es de urgencia ya que no hay cuestiones de personas que se ven obligadas a dejar sus hogares a consecuencia de la violencia en México”, comentó.

Zoé Robledo sostuvo que la negativa del Gobierno mexicano es consecuente con la cancelación de la estancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, posiblemente, porque todos los informes que han rendido las instancias internacionales vinculadas a derechos humanos, durante este sexenio han sido desfavorables.

“Sin embargo, consideramos que el Estado debe trabajar en mejorar la situación y para ello es siempre útil mantenerse abiertos al escrutinio internacional, que ayuda a diagnosticar todos los problemas”, concluyó.

El punto de acuerdo fue turnado a la Primera Comisión de la Permanente para si análisis y posterior dictamen.

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