La mayoría de las sociedades cooperativas para el ahorro que operan en México trabajan al margen de la ley y esto ha provocado que se registre un incremento “exponencial” en el número de fraudes financieros por parte de dichas instituciones, advirtió el diputado Ricardo Monreal Ávila.
El legislador por Movimiento Ciudadano afirmó que la poca vigilancia y el vacío legal que existe en la materia han permitido que en los últimos 10 años más de 200 mil ahorradores hayan sido defraudados por cajas de ahorro popular.
Ante este panorama, presentó una iniciativa para expedir la Ley que crea el Fideicomiso Público para la Defensa y Protección de los Defraudados por Cajas de Ahorro en el País, a fin de apoyar a las víctimas de fraudes cometidos por sociedades financieras y de servicios.
Argumentó que de las 850 cajas de ahorro, sociales y privadas, que prestan servicios en el país, sólo 99 cuentan con la autorización y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mientras que el resto se encuentran en proceso de autorización o carecen de registro.
De ese total, agregó Monreal Ávila, 598 operan como cajas populares, pero únicamente 59 están autorizadas.
“Es evidente --expresó-- que en nuestro país la mayoría de las sociedades cooperativas de ahorro trabajan al margen de la ley”, debido a un vacío legal que les permite operar “con toda impunidad”.
Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, las sociedades financieras de objeto múltiple o Sociedades Financieras Populares son las que reciben un mayor número de multas.
Además, el Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca dio a conocer que sólo en ese estado se han perpetrado más de 86 fraudes que afectan a más de 50 mil personas, con un monto que asciende a los cinco mil millones de pesos.
Por su parte, en Puebla, se registran 17 mil denuncias a 21 empresas que han defraudado a usuarios, lo cual representa un monto de dos mil millones de pesos, aseveró el diputado.
De acuerdo con la propuesta del legislador, los beneficiarios del Fideicomiso deben ser las víctimas de fraudes financieros ocasionados por sociedades financieras y de servicios, o en su caso, sus cónyuges o concubinas, hijos o hijas, o en caso de no existir los anteriores, sus legítimos herederos que sobrevivan y que cumplan con los requisitos.
Propuso que el Fondo Público para la Defensa y Protección de los Defraudados por Cajas de Ahorro en el país sea el patrimonio administrado por el Fideicomiso y se constituya por una aportación inicial del Gobierno Federal de dos mil millones de pesos.
El Fondo, agregó el legislador, también debe integrarse con los recursos que se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y en los años subsecuentes.
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