El senador perredista Julio César Aguirre Méndez propuso reformar los códigos Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y Penal Federal, con la finalidad de que el IFE garantice las condiciones mínimas de respeto y seguridad durante las campañas y la jornada electoral.
Explicó que la iniciativa busca ampliar las facultades del Instituto Federal Electoral, a efecto de suspender las campañas electorales en aquellos distritos o entidades federativas donde no existan condiciones para la realización de una campaña electoral con base a los principios de equidad, respeto y seguridad.
Además, propone establecer dentro de las causas por las que se pueden suspender las campañas a la falta de seguridad, que corran algún riesgo los candidatos y los electores, así como todos los actos de violencia, presión, ataques y otros que limiten la plena libertad de los electores.
En la tribuna de la Comisión Permanente, precisó que también se podrían suspender las elecciones ante el secuestro, desaparición o asesinato del candidato titular de cualquier fórmula de elección popular dentro de los veinte días naturales previos al día de la jornada electoral.
Consideró que el caso más dramático de cómo la violencia en las campañas electorales incide sobre los resultados y el ambiente, se observó en el caso de Chilpancingo, Guerrero, tras el ataque a Guillermo Sánchez Nava, líder histórico del PRD y representante ante el órgano electoral de la entidad.
El ánimo de la población se han polarizado, la campaña se encuentra en un punto de odio y confrontación, no existen condiciones para hablar de una contienda que cumpla con los principios mínimos de una competencia civilizada, enfatizó.
En este sentido, dijo que es necesario tipificar como delito electoral y con sanción de tres mil a cinco mil días de multa, así como prisión de dos a seis años, a quien destruya total o parcialmente y sustituya propaganda electoral.
También a quien ataque o destruya instalaciones electorales, de partidos políticos o propiedad privada de integrantes o líderes de partidos y realice actos de intimidación, coerción, ataques, coacción contra simpatizantes o integrantes de una agrupación política.
Advirtió que hoy nos enfrentamos a nuevas fuerzas y condiciones que obligan a impulsar cambios al marco jurídico que regula los procesos electorales.
La violencia, el crimen organizado, la filtración de recursos ilícitos a los partidos, la violencia y la guerra sucia durante las campañas electorales, incluso hasta el asesinato del virtual gobernador de Tamaulipas, miembro del PRI, agregó.
La propuesta se canalizó a las comisiones unidas de Gobernación y Justica de la Cámara de Senadores.
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