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El grupo parlamentario del PAN en el Senado presentó un paquete de iniciativas encaminadas a la protección efectiva de las víctimas.
En primer lugar, distingue “con claridad” a las víctimas de la comisión de cualquier delito a cargo de agentes del Estado, establece la responsabilidad directa de las autoridades federales y locales y obliga a los estados y a la Federación a presupuestar recursos económicos para la creación de fondos de atención a víctimas.
Además, fija plazos “puntuales, ciertos y determinados” para que la víctima reciba en cinco días hábiles la atención debida y proporcional a su estado de vulnerabilidad.
Al presentar la propuesta, la senadora Adriana Dávila Fernández argumentó que por desgracia con el marco jurídico promulgado “no se cumple con el espíritu de estar al lado de las víctimas”.
Por ello --añadió-- la iniciativa del PAN, producto de foros y mesas técnicas en las que participaron académicos, analistas, especialistas y servidores públicos, coloca como “centro del debate a la víctima y no a la coyuntura política, como ha venido sucediendo”.
Estamos obligados a garantizar certeza jurídica en la atención oportuna y eficiente de las víctimas y ofendidos del delito, destacó Dávila Fernández.
“No podemos, dijo, tropezar nuevamente con la piedra del interés político y mediático” ni ser cómplices de la simulación, como tampoco permitir “normas y leyes que crean falsas esperanzas y nulos resultados”.
Hizo notar que “nosotros no pretendemos frenar ningún tipo de iniciativa”, porque lo que deseamos es contribuir a solucionar las omisiones que contiene la ley actual” y hacer frente al verdadero enemigo que es la delincuencia.
La iniciativa en cuestión, que contiene el proyecto para expedir la Ley Reglamentaria de los artículos primero y 103 de la Constitución, que modifica la Ley General de Víctimas, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley de Coordinación Fiscal, fue turnada a las comisiones de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Primera.
Propone AN facultar al Congreso para expedir leyes sobre atención de víctimas
Adicionalmente, la senadora panista propuso modificaciones constitucionales para facultar al Congreso a expedir una Ley General en la que se homologuen los derechos y las modalidades para la atención de las víctimas, y se distribuyan competencias de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, estados y municipios.
Precisó que con las reformas al 17 constitucional, se busca establecer que la jurisdicción de los tribunales internacionales sea reconocida en los términos y conforme a los procedimientos determinados en tratados de los que México forma parte.
La iniciativa precisa que las resoluciones de tales tribunales no requieren para su validez reconocimiento por parte de las autoridades y que serán eficaces en cualquier fuero: común, federal, civil y militar.
Respecto al artículo 73, se pretende modificar la fracción XXI a efecto de facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General para la atención de las víctimas, y adicionar una fracción XXIX R, a fin de establecer facultades y obligaciones a las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Sobre los cambios al 89 de la Constitución, se retoma la fracción XVII, que actualmente está derogada, a fin de otorgarle al Ejecutivo federal la facultad de coordinar el cumplimiento y ejecución de las resoluciones y sentencias emitidas por tribunales internacionales.
Esta iniciativa también busca reconocer la jurisdicción de los tribunales internacionales de justicia y establecer que las resoluciones o sentencias de éstos son irrevocables y no requieren para su validez del reconocimiento de las autoridades mexicanas.
La senadora Dávila Fernández comentó que luego de que a inicios de este año fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas, diversos académicos, expertos y la sociedad civil realizaron observaciones sobre la viabilidad del texto aprobado.
“Reconocieron que la ley es perfectible y habría de analizarse la posibilidad de que fuese reformada. Asimismo coincidieron en la imperiosa necesidad de que para que la Ley fuera viable, era necesario realizar una reforma constitucional previa”, explicó
Esta iniciativa que reforma los artículos 17, 73 y 89 de la Carta Magna fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen.
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