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Con 101 votos a favor, la Cámara de Senadores ratificó a Monte Alejandro Rubido García como secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues cuenta con la experiencia y perfil requeridos para desempeñar el cargo.
Luego de la aprobación de dictamen, el presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero Arroyo le tomó la protesta de ley y le deseó éxito en su nuevo encargo.
Rubido García fue director de Análisis en la extinta Dirección General de Seguridad Nacional y director de Análisis y de Investigación en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Además, fungió como Subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública y Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Antes de ser ratificado por el Senado, se desempeñaba como secretario General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
El ahora Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios de postgrado en la Universidad de la Sorbonne Nouvelle (Paris III).
Al presentar el dictamen, el senador Omar Fayad Meneses destacó que el Secretario Ejecutivo será el encargado de articular las políticas en materia de seguridad pública, establecer los mecanismos para flexibilizar el acceso a los recursos y dar seguimiento a la evaluación y control de confianza que se aplican a los integrantes de las instituciones policiacas.
“Estas funciones --enfatizó-- no pueden recaer en manos de improvisados que lleguen a experimentar, porque la sociedad ya no tiene fuerza para soportar improvisaciones”.
Rubido García, consideró, “es un hombre de Estado, que sin miramientos partidistas ha servido a los gobiernos en turno de distintos partidos políticos y sin sesgos de ninguna especie ha cumplido cabalmente con su misión”.
A nombre de Acción Nacional, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez expresó que “requerimos que el Secretariado Ejecutivo no sólo sea un administrador de presupuesto sino un articulador de políticas públicas integrales que incidan directamente en la problemática que aqueja la seguridad del país”.
La legisladora se pronunció por aclarar la cifra de las personas ejecutadas y desaparecidas, toda vez que lejos de atenuarse esta situación en el país, a 100 días de la presente administración federal, esta sea ha recrudecido en estados como Tamaulipas, donde la ciudadanía es rehén de la delincuencia organizada.
Por el PRD, la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza señaló que “partiendo de un enfoque equivocado, la política de seguridad pública ha delegado principalmente a las Fuerzas Armadas, el combate a la delincuencia organizada” y persisten las violaciones de los derechos humanos como la tortura, las desapariciones y detenciones arbitrarias.
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