Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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La senadora Hilda Esthela Flores Escalera afirmó que en nuestro país el embarazo es una razón más para la discriminación laboral en contra de las mujeres y los derechos laborales tienden a desvanecerse cuando la maternidad es proyecto, aspiración o realidad.

Lo anterior, dijo la legisladora priista, en virtud de que el empleador tiene la obligación legal de pagar el salario íntegro durante cerca de tres meses a una mujer que llega embarazada a ocupar un trabajo.

Por esa razón, a nombre de senadoras del PRI, presentó un punto de acuerdo para exhortar a los poderes de la Unión, a los órganos constitucionales y autónomos y a los de las entidades federativas y municipios, a que impulsen acciones dirigidas a eliminar la práctica de solicitar pruebas de no gravidez y de detección del VIH/SIDA en el ingreso, permanencia y promoción laboral.

Flores Escalera se pronunció por garantizar plenamente el derecho que toda persona tiene al trabajo y a la no discriminación, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte.

Comentó que al vincular trabajo y embarazo es común encontrar prácticas discriminatorias que acentúan la situación de vulnerabilidad que padecen las mujeres, tales como el condicionamiento de la plaza laboral a la realización de pruebas de embarazo, que se constituye como una de las principales quejas que se presentan ante el CONAPRED.
 
Dijo que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, 35.9 por ciento de las mujeres que sufrieron discriminación laboral fue al momento de solicitarles la prueba de no embarazo como requisito de contratación.
 
Además, mencionó que la discriminación en el trabajo contra las personas que tienen VIH/SIDA puede manifestarse de muchas formas, entre ellas, la realización de pruebas forzosas de detección que derivan en una negativa de contratación, en despido injustificado o descenso a puestos que requieren menos experiencia.

La propuesta se turnó a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y dictamen correspondiente.

 


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