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El pleno del Senado de la República urgió a la Secretaría de Gobernación a remitir un informe sobre el estado que guarda el Memorial para las Víctimas de la Violencia en México, el cual pretendía ser construido en el sexenio anterior.
Al respecto, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que es necesario contar con información precisa sobre el problema de las víctimas, tal y como lo han solicitado diversas organizaciones civiles.
Dijo que es prioritario que el Senado de la República tenga conocimiento de los datos más relevantes de este asunto.
“Ha sido un problema grave en nuestro país y diversas organizaciones no gubernamentales nos han planteado que pueda existir un monumento con estas características”, subrayó.
Por su parte, el senador perredista Fidel Demédicis Hidalgo opinó que es necesario hacer una reflexión al respecto, ya que en el sexenio anterior hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Destacó la importancia de recibir información por parte de la Secretaría de Gobernación sobre las víctimas y las cerca de 27 mil desapariciones que la dependencia ha notificado.
Consideró que el Senado debe exigir que se aclare el número de víctimas de la violencia y con ello se restituya la dignidad del pueblo mexicano.
Esta propuesta fue originalmente planteada por el senador del PRI, Omar Fayad Meneses, quien pedía suspender la construcción del monumento a las víctimas que iba a ser erigido en el Campo Marte hasta que se consultara la opinión de las organizaciones sociales.
Este dictamen, que sufrió modificaciones, refiere que en junio de 2011, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa afirmó que realizaría un monumento con los nombres y placas de las víctimas de la violencia, a petición expresa del líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia
El texto señala que el monumento tendría un costo de 22 millones 890 mil pesos y estaba contemplado que su construcción concluyera el 15 de noviembre del año pasado, para ser inaugurado el día 23 del mismo mes.
Sin embargo, diversas organizaciones de la sociedad civil se manifestaron en contra de dicho memorial y aseguraron que éste sería un “nuevo desdén” para las víctimas por parte del gobierno del entonces presidente Calderón.
Al no ser inaugurado dicho memorial, la Secretaría de Gobernación informó el 30 de noviembre de 2012 en un comunicado que entregó la obra a las organizaciones como México S.O.S, Alto al Secuestro y Fundación Camino a Casa, quienes tendrían a su cargo concretar la apertura al público de este espacio.
En un nuevo resolutivo, la Comisión de Derechos Humanos acordó proponer al pleno senatorial un exhorto al secretario de Gobernación para que remita un informe sobre el estado que guarda el Memorial para las Víctimas de la Violencia.
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