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Por unanimidad, la Comisión de Seguridad Pública aprobó este martes el nombramiento de Monte Alejandro Rubido García como nuevo Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Previo a ello y a pregunta expresa de los senadores, el funcionario reconoció que será “complicado” cumplir con la evaluación de todos los policías en octubre de este año, como se definió en el artículo Tercero Transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sin embargo, agregó, “sí aspiraríamos a que cuando menos aquellos que tienen mando sean plenamente evaluados”.
Dijo que no se puede soslayar que la Ley General establece sanciones a los servidores públicos que contraten policías que no cuenten con la certificación, por lo que “habrá que revisar qué tan viable es la aplicación de ese mandato porque llegaremos al mes de octubre en una situación que puede resultar compleja para las entidades y municipios”.
“En materia federal --enfatizó-- no tengo ninguna duda de que el cien por ciento del personal será evaluado”.
Además, en su intervención inicial, Rubido García expuso que así como el trabajo en materia de seguridad requiere contar con el apoyo irrestricto de la ciudadanía, éste debe desarrollarse con pleno apego a los derechos humanos y por eso “es básico que a la brevedad se cuente con protocolos uniformes de actuación policial en materia de investigación, prevención y reacción”.
"Es necesario --manifestó-- crear un instrumento que regule el uso legítimo de la fuerza, a fin de evitar excesos, pero también evitar que nuestros cuerpos policiales sean colocados en situación de desventaja frente a la delincuencia, particularmente la organizada”.
Hizo un llamado para que los criterios para asignar dichos fondos de seguridad pública mantengan los mecanismos de seguimiento, evaluación y control para garantizar su eficacia y rendición de cuentas a la ciudadanía,
Asimismo, comentó, deben redefinirse las reglas que agilicen la entrega de dichos recursos y que en ningún caso “se conviertan en camisa de fuerza que derive en subejercicios presupuestales”.
Subrayó que la sociedad demanda la coordinación de los tres niveles de gobierno y esto exige la convergencia de responsabilidades, ya que la Constitución convoca a la República a enfrentar de manera sistémica el flagelo de la inseguridad.
En la ronda de preguntas y respuestas, el senador, Omar Fayad Meneses, presidente de la Comisión, consideró que la creación de centros de certificación policial “no es un tema fácil” y en este sentido solicitó al Rubido García detallar las acciones que implementará para que en los primeros 10 meses de este año puedan estar certificados todos los policías del país.
Respecto al mecanismo para elevar la confianza de los policías, expresó que “no hemos coincidido mucho en que el eje de la certificación sean los exámenes poligráficos”.
Su compañero de fracción parlamentaria, el senador Teófilo Torres Corzo consideró que estados y municipios deben ser tomados en cuenta para lograr una mayor seguridad a nivel nacional.
Por Acción Nacional, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez señaló que se reformó la ley para otorgar 10 meses para culminar con el proceso de certificación policial en todo el país y se estableció un plazo de seis meses para que el Secretariado Ejecutivo presente un informe ante el Senado de la República.
Expresó que “ha sido imposible poder acceder” a una cifra oficial de personas ejecutadas en los primeros 100 días de la presente administración y preguntó qué acciones se tiene contempladas para abordar esta problemática.
El también senador panista, Fernando Yunes Márquez, coincidió con el funcionario en modificar las reglas de operación del Subsidio para la Seguridad en los Municipios y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, a fin de facilitar el acceso a sus recursos, pero también es indispensable obligar a los ayuntamientos y gobiernos estatales a que inviertan en esta materia.
A su vez, el senador Alejandro Encinas Rodríguez destacó que uno de los retos que tiene la nueva Secretaría de Gobernación es saber diferenciar con plena claridad las tareas de seguridad interior, seguridad pública y de seguridad nacional, por lo que cuestionó al funcionario sobre los mecanismos para evitar que se “mezclen” estas atribuciones.
¿Cómo, en ese riesgo de mezclar competencias, las funciones de la Gendarmería Nacional van a diferenciarse de la Policía Federal Preventiva? cuestionó.
En respuesta, Rubido García se comprometió a que “haya un mayor número de empresas particulares que tengan las capacidades y la confiabilidad para certificar a nuestros policías”.
Sobre el número de ejecutados, afirmó que éste un problema serio y “no podemos pensar que tenga resolución total en el corto plazo”, pero las cifras que se presentaron a finales de febrero permiten corroborar que este fue el mes con menor número de ejecutados de los 40 meses anteriores.
Dijo que la Gendarmería, a diferencia de la Policía Federal, tiene la función fundamental de establecer una presencia fija en ciudades y municipios con mayor incidencia delictiva.
Además, precisó que en el gobierno federal hay plena claridad de las diferencias entre las tareas de seguridad pública y de seguridad nacional, pero “no se puede soslayar que dentro de la agenda de seguridad nacional el tema de combate a la inseguridad juega un papel importante.
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