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Con 83 votos a favor, 17 en contra y siete abstenciones, el Senado de la República aprobó la Estrategia Nacional de Energía (ENE) 2013-2027 propuesta por el Ejecutivo federal el pasado 27 de febrero, a fin de atender la demanda creciente de energéticos de forma eficiente, segura y sustentable.
Además, busca propiciar el ahorro de energía, expandir este servicio a las poblaciones y regiones de menores recursos, así como disminuir al mínimo los impactos negativos sobre la salud y el medio ambiente por la producción y consumo de energéticos.
En el dictamen, los senadores manifestaron que “no es posible dejar el destino de la economía mexicana a la suerte de la oferta y la demanda, por lo que se considera importante que exista una intervención directa de entes externos, tales como la planeación y estrategias, que permitan al Estado cumplir con sus objetivos”
Se trata, se enfatiza en el documento, de propiciar una justicia social tendiente a lograr el bien común.
Asimismo, se expone que las políticas públicas para agilizar el funcionamiento sistémico del sector “deben estar encaminadas a la adecuación de las regulaciones, inversiones, capacidades, conocimientos, tecnologías y demás elementos” que incidan en una mejor sincronización entre los requerimientos energéticos del país y el óptimo aprovechamiento de los recursos.
En la presentación del dictamen, el senador David Penchyna Grub enfatizó que la Estrategia puede verse como una respuesta propositiva al debate sobre la orientación y las modalidades de operación del sector energético y “no pretende ser la verdad absoluta ni una fórmula mágica”.
Dijo que por primera vez el documento contiene un diagnóstico que hace posible un piso común y un punto de partida para el intercambio de razones y argumentos sobre la reforma que se requiere para modernizar el sector, sin que se antepongan “simples opiniones, creencias o incluso suspicacias no siempre justificadas”.
En su carácter de presidente de la Comisión de Energía hizo notar que este instrumento no se realiza bajo el “libre albedrio” del titular del Ejecutivo federal, ya que en su elaboración se escucharon todas las voces y se consultó al Consejo Nacional de Energía.
Al fijar la postura del PRI, el senador Manuel Cavazos Lerma aclaró que la ENE cumple con todos los requisitos establecidos en los artículos 25 y 26 de la Constitución referentes a la rectoría del Estado en el rubro y al sistema nacional de planeación democrática.
Por ello, acotó, es un referente y una orientación general de largo plazo para lograr que la oferta y la demanda en la materia acompañen el desarrollo nacional y que los beneficios se distribuyan a todos los estratos de población.
En opinión del senador panista Jorge Luis Lavalle Maury es indispensable reformar a fondo al sector “para poder aumentar nuestra capacidad de producción, adaptarnos a los cambios en los mercados internacionales y garantizar energía limpia a precios justos”.
Sin embargo, estimó que el documento que se presentó al Senado “representa un conjunto de conceptos y lineamientos excesivamente generales, en ocasiones ambiguos y contradictorios”, como para que, a través de estos, se defina con claridad la ruta que deberá seguir la política energética durante los próximos tres lustros.
A nombre del PRD, el senador Rabindranath Salazar Solorio manifestó su preocupación porque la ENE plantea una serie de medidas cada vez más alejadas del sector público sin cabida en el esquema constitucional vigente y carece de indicadores, programas, proyectos y medidas concretas.
Señaló que la falta de visión en los dos últimos sexenios nos ha llevado a importar 70 millones de litros diarios de gasolina, equivalentes a 30 mil millones de dólares anuales, por lo que se requiere mayor precisión sobre el objetivo y la línea de acción que plantea la eliminación gradual de los subsidios.
En su turno, la senadora Ninfa Salinas Sada, del Partido Verde Ecologista, subrayó que la propuesta de ninguna manera acota la rectoría del Estado, pues su objetivo es aprovechar el potencial energético para elevar el nivel de vida de los mexicanos.
Dijo que las estrategias y acciones que se establecieron buscan armonizar el crecimiento económico con la seguridad energética y la inclusión social, sin descuidar la sustentabilidad ambiental.
Por el Partido del Trabajo, el senador Manuel Bartlett Díaz aseguró que el proyecto no constituye una estrategia nacional para dirigir la política energética, carece de un diagnóstico real del sector, no define una política para lograr la independencia energética “y tiene una clara intención de ampliar la inversión privada extranjera”, lo que es contrario a lo que establece la Constitución.
Expresó que el texto debería explicitar la situación financiera de Pemex, pero no lo hace, y tampoco menciona que en los últimos 12 años la paraestatal transfirió a la Secretaría de Hacienda más 7.13 billones de pesos como impuestos y refiere que se restituyeron las reservas probadas al cien por ciento, pero esto “es falso”.
Por su parte, la senadora Layda Sansores San Román, de Movimiento Ciudadano, consideró que la Estrategia es un documento “mal escrito, cantinflesco e impresentable” en el que lo que importa es privatizar y no promover la soberanía y la sustentabilidad.
Una estrategia, explicó, define metas, acciones, medición de resultados y en este caso no se esbozan estos puntos; sin embargo, “sí tiene una “buena planeación pero para los intereses trasnacionales”.
En la discusión en pro y en contra de la propuesta, la senadora perredista Dolores Padierna Luna señaló que la Estrategia Nacional de Energía no plantea recuperar la rectoría del Estado perdida ni afianzar la sustentabilidad del sector y tampoco presenta ni una sola propuesta para construir al menos una refinería a lo largo de sus 15 años de vigencia.
Aseveró que “pone énfasis exclusivamente en la extracción y producción de crudo sin interesarse en aprovechar los hidrocarburos para generar mayor valor agregado” y “todas las demás ramas de la industria petrolera se ponen a disposición de inversionistas privados: el transporte de hidrocarburos, las refinerías y las petroquímicas”.
Al expresar su voto a favor del dictamen, el senador panista Francisco Domínguez Servién subrayó la responsabilidad de ratificar el papel que debe desempeñar el sector energético como apoyo al desarrollo económico y social, la sustentabilidad de largo plazo y la mitigación de los impactos nocivos que la producción y el consumo energético.
Sin embargo, reconoció que la ENE 2013-2017 no cuenta con objetivos específicos y no establece mecanismos necesarios para lograr una política sustentable, por lo que exhortó a los actores a definirlos.
Una vez aprobado, el documento se envió a la Cámara de Diputados.
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