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En el marco de la Segunda Audiencia Pública sobre el nuevo Código de Procedimientos Penales que realizan las comisiones de Justicia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, Estudios Legislativos y Estudios Legislativos, Segunda, especialistas en derecho expresaron su opinión acerca del modelo general y criterios que deben regir la fase de investigación de los delitos.
En su turno, Diana Cristal González Obregón, directora de capacitación de agentes del Ministerio Público, Policía Judicial y peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal expuso que en la propuesta del senador Escudero se ve la inmediación como técnica de desahogo de medios de prueba, pero recomendó que se vea como método de valoración.
Por lo que se refiere a la figura del asesor jurídico, cuestionó si vale la pena integrarlo como parte de la legislación procesal, pues la experiencia nacional donde aplica el sistema acusatorio, lo contempla en algunos casos como parte de la Procuraduría, además que no se precisa de quién dependería porque su función es apoyar de manera directa a la víctima, como lo debe hacer el Ministerio Público.
Asimismo, consideró necesario que en el Código Federal se establezca la coordinación entre el Ministerio Público y las policías, tanto en la investigación como en el procedimiento para que no se pierda la subordinación con el MP.
Por su parte, el maestro en Derecho, Pablo Hernández Romo Valencia, dijo “no entender” para que retener a una persona detenida por “caso urgente” hasta por un término de 48 horas, si en una de las propuestas se dice que “no se puede recurrir ante la autoridad judicial para solicitar la orden de aprehensión pues entonces se tienen acreditados los elementos, lo que exige la constitución en el sentido de los datos mínimos y la probable responsabilidad”.
El problema, explicó, es que cuando se habla de la investigación formalizada la persona va a estar detenida hasta seis meses, en lo que el Ministerio termina de realizar la investigación y si se entiende por arraigo el detener para investigar, eso es lo que pasa.
En la otra iniciativa no se dice nada respecto al tiempo, simplemente que no puede regresar el expediente al Ministerio Público para que continúe con la investigación previa, pero que podría estar ahí hasta dos años, lo que podría traducirse como que una persona puede estar detenida hasta dos años en lo que se comprueba si se puede volver a ejercitar la acción penal.
Otro de los problemas importantes es el relativo a la prueba ilícita y a la anticipada. En un proyecto se establece que la ilícita sea válida si se obtiene por medios lícitos, pero que no puede ser aplicado en México por los precedentes de cómo se manejan las cosas, es una especulación o elemento subjetivo que “quien sabe a qué se va a prestar”.
A su vez, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, asesor del Procurador General de justicia de Baja California, consideró primordial definir la coordinación entre Ministerio Público y policía bajo un sistema acusatorio, pues se tiene que entender que el que investiga materialmente es la policía y el que dirige la investigación y litiga en audiencia es el Ministerio Público.
Además, dijo, se debe entender que bajo la lógica de un sistema acusatorio con libertad probatoria que el momento más importante es la audiencia de juicio oral y no generar tantos formalismos de cara a lograr temas que se traen del sistema tradicional como prueba pre constituida que generan un detrimento sustancial en la persecución penal.
En el mismo sentido, precisó que se debe establecer que los criterios de oportunidad y el procedimiento abreviado debe estar al servicio de los objetivos que se pretenden como el de incrementar la eficacia de la persecución penal y salvaguardando los derechos del imputado.
En tanto, Renato Sales Heredia, procurador General de Justicia en Campeche, consideró que es un momento crucial para aprovechar las dos grandes reformas constitucionales de junio de 2008 y 2011 en materia de un nuevo procedimiento penal adversarial y de derechos humanos, para integrarse en la posibilidad de un Código Procesal Penal único o en una Ley general del debido proceso.
Asimismo, señaló que la fase de investigación en el nuevo sistema debe ser considerado como un espacio de decisiones estratégicas en que la racionalización de la carga de trabajo que impide la saturación del sistema permite la elección de criterios de oportunidad y no debe reñir con la atención central a la víctima del delito para quien existen obligaciones concretas de los fiscales.
La reforma presentada en septiembre de 2011, dijo, es un proyecto de Código Procesal Penal único que involucra una Ley general del debido proceso, que debe, en su opinión, construirse alrededor de la justicia restaurativa, perspectiva de género, comunidades indígenas, fijando temas de jurisdicción y competencia, así como desformalizar la investigación.
En el que también se precise cómo deben acontecer formas de la detención, ubicar correctamente fases del procedimiento penal, abrir la posibilidad a los criterios de oportunidad que son instrumentos de descongestión, claves del sistema, y en qué momento se ejerce la acción penal y analizar con claridad la prisión preventiva
Finalmente Jesús Zamora Pierce coincidió con Renato Sales en el sentido de que México necesita un solo Código de Procedimientos que unifique los procedimientos tanto en el orden local como en el Federal en la República y propuso reformar el Artículo 73 constitucional para ese efecto.
Zamora Pierce, quien fuera presidente de la Barra Mexicana de abogados y de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, agregó que en lo relativo a la detención, se debe evitar que los juicios se arreglen por vías de escape.
Asimismo, precisó que en el Código Federal de Procedimientos Penales debe eliminarse el procedimiento simplificado y al abreviado debe ponerse un límite en cuanto a la pena aplicable al delito, porque de no ser así se lastimaría seriamente la administración de justicia en México.
En la ronda de preguntas y respuestas, la senadora priista Arely Gómez González señaló que estas audiencias servirán para realizar los trabajos que permitan generar un código federal, o en su caso, uno único de procedimientos penales, como lo establece el Pacto por México.
A su vez, la senadora del grupo parlamentario del PAN, Pilar Ortega Martínez consideró que en esta reforma se deben establecer los principios que impulsen la investigación científica del delito y otorgar a los Ministerios públicos el papel de órganos acusadores.
Para el senador perredista Manuel Camacho Solís existe la oportunidad política de evitar la balcanización del país y “si no la aprovechamos no la vamos a volver a ver en todo el sexenio, pues con los niveles de impunidad y criminalidad que hay de qué va a servir que se apruebe esto dentro de cinco o seis años”.
En tanto, el senador Pablo Escudero Morales, del PVEM, aseguró que hay disposición de todos los grupos parlamentarios para avanzar en este tema de “manera rápida” y contar con un pre dictamen antes de que termine el actual periodo de sesiones --inclusive-- “podría estar votado en el pleno y podríamos tener en abril Código Federal de Procedimientos Penales”.
En sus respuestas, el procurador general de Justicia de Campeche, Renato Salas Heredia, propuso conformar una mesa de redacción integrada por especialistas y miembros de la sociedad civil para que genere el documento respectivo en un plazo de mes y medio.
Por su parte, el catedrático Jesús Zamora Pierce dijo que existe ya una gran cantidad de trabajo sobre este tema y podría servir para tener un ante proyecto de código único en un breve lapso de tiempo.
A su vez, Diana Cristal González Obregón planteó la creación del Instituto Autónomo de Peritos, con el objetivo de apoyar con mayor coordinación las investigaciones periciales y científicas de las policías.
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