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El Senado de la República hizo un llamado al titular del Ejecutivo federal para que emita a la brevedad el reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
En el documento aprobado se subraya que esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2012 y la emisión de su reglamento venció el 17 de octubre de ese mismo año.
“Más de tres meses han transcurrido desde la publicación del decreto y no se ha emitido reglamento alguno, y, de no completarse el proceso, México permanecerá en una situación de vulnerabilidad, como un Estado de impunidad”, se advierte en el texto.
Al presentar el punto de acuerdo --que fue ratificado de manera urgente-- la senadora perredista Dolores Padierna Luna dijo que la desaparición de personas se ha recrudecido en México en los últimos años.
Indicó que según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, durante los seis años de gobierno de Felipe Calderón las desapariciones sumaron poco más de 24 mil, es decir, 17 veces superior a la lista de desaparecidos políticos entre 1962 y 1987.
Asimismo, agregó, la Organización de las Naciones Unidas señaló que en nuestro país las desapariciones persisten “debido a la impunidad generalizada, la falta de veracidad y protocolos de investigación y por la falta de protección a familiares de víctimas”.
Hizo notar que una de las entidades con mayor número de desaparecidos es el estado de México, ya que de acuerdo con la Procuraduría de Justicia de esa entidad, de enero de 2010 a febrero de 2012 se reportaron en total 2 mil 509 personas ausentes, de los cuales el 23 por ciento son mujeres menores de edad.
Precisó que no todas las desapariciones están relacionadas con el crimen organizado, “sin embargo muchos de los agentes de los ministerios públicos intentan desacreditar a las víctimas presumiendo su implicación con grupos delictivos sin ninguna evidencia”.
La legisladora consideró que ante este panorama, es indispensable que el Ejecutivo federal cumpla, en tiempo y forma, con la expedición del reglamento correspondiente de dicha Ley, pues con ello se establecerán las responsabilidades de las instituciones encargadas en la solución de problemas de extravío y desaparición de personas.
Las desapariciones de ciudadanos --enfatizó-- rebasan cualquier acción emprendida por el gobierno, por lo que no basta con la promulgación del ordenamiento sino que éste debe aplicarse en forma amplia, contundente y eficaz.
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