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El senador Fernando Enrique Mayans Canabal demandó establecer una pena de tres a quince años de prisión a quien cometa el delito de comercializar muestras médicas y medicamentos falsificados o caducos, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en otro lugar, cualquiera que sea su origen de fabricación.
En una iniciativa presentada este martes, destacó la necesidad de aplicar un mecanismo de seguridad eficiente “que evite la proliferación del mercado negro” y que mediante el uso de nuevas tecnologías se identifique el producto desde su manufactura utilizando un código bidimensional.
Al exponer los motivos de su propuesta, el legislador perredista informó que a nivel mundial la comercialización de medicamentos falsificados asciende a 35 mil millones de dólares, mientras que en México se estima hasta en mil 500 millones de dólares anuales.
Precisó que Jalisco, Baja California, Michoacán y Yucatán son los estados donde se han realizado los mayores aseguramientos de medicamentos falsificados.
Además, citó que según cifras del IMSS la ingesta de productos caducos, falsificados o adulterados obliga a los afectados a invertir desde 700 pesos en consultas privadas hasta 60 mil por hospitalizaciones.
En tanto --añadió-- la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica reporta que en 2012 el comercio ilegal de medicamentos alcanzó los 11 mil 500 millones de pesos, concentrándose dicha actividad en el Distrito Federal, Puebla, Guadalajara, Monterrey y Michoacán.
Mayans Canabal mencionó que de acuerdo a informes de la Asociación Mexicana de la Industria de Investigación Farmacéutica México ocupa el sexto lugar a nivel mundial en la venta de medicamentos falsificados y seis de cada 10 de los fármacos que se comercian son de procedencia ilícita.
De acuerdo a esta estadística, dijo, 8 millones de personas “son víctimas potenciales del mercado negro de medicamentos”.
Hizo notar que dicho mercado ilegal se da en tianguis, boticas, farmacias, droguerías, en páginas electrónicas de dudosa procedencia, así como en laboratorios clandestinos, “en donde se elaboran medicamentos que atentan contra la vida y la salud de los consumidores”.
Por ello, el legislador por Tabasco estimó pertinente establecer en las etiquetas de los medicamentos un código bidimensional, a fin de identificar la información del producto desde su fabricación, pues quedará registrado en una base de datos el número de lote y a qué institución del Sector Salud se distribuyó.
Adicionalmente, la Secretaría de Salud llevaría un control y registro riguroso de los medicamentos en circulación y de los establecimientos de los sectores público, social y privado dedicados a su expendio.
En tanto, conjuntamente con las secretarías de Hacienda y Economía podrán otorgar subsidios e incentivos para que medicamentos con elevado costo estén a disposición de la población.
La iniciativa que reforma los artículos 29, 30, 31, 464 Ter y adiciona el artículo 29 bis de la Ley General de Salud, fue turnada a las comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos.
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