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El senador Jorge Emilio González Martínez promovió una pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de 300 a tres mil días de multa, a quien ilícitamente prive de la vida, capture, dañe, destruya, posea, recolecte, acopie, almacene, transforme, comercie, transporte, consuma, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, parte, derivado o recursos genéticos de especies de flora o fauna silvestres, así como de recursos pesqueros o acuícolas.
Además de una pena adicional de hasta tres años más de prisión y hasta mil días de multa adicionales, cuando estas conductas se realicen o afecten una área natural protegida o con fines comerciales.
Al presentar la iniciativa, el legislador del Partido Verde Ecologista señaló que México cuenta con una diversidad biológica distinguida a nivel mundial por la variedad de ecosistemas de especies de animales y plantas que se desarrollan en su territorio.
Las conductas que atentan contra el ambiente han sido objeto de diversas regulaciones tanto administrativas como civiles, sin embargo, con el paso de los años dichas medidas han sido superadas por la realidad, al grado de ser insuficientes, comentó.
Por ello, es necesario recurrir a las sanciones penales no sólo como medida para que los recursos naturales tengan el nivel más alto de protección jurídica sino como un medio para convertir a la responsabilidad por el daño ambiental en un ejercicio efectivo, justo y sensible a la problemática social, económica y ambiental de nuestro país.
Con las sanciones planteadas --precisó-- se busca desincentivar la demanda de dichos bienes a partir de la amenaza de un precepto penal a sus consumidores, a fin de que las actividades destinadas a satisfacer este mercado dejen de representar un negocio.
De esta forma, la iniciativa pretende fortalecer la protección penal de la flora y fauna del país, estableciendo como delito el consumo ilícito de especies, así como de sus partes, derivados y recursos genéticos.
La iniciativa que reforma los artículos 60 y 420 del Código Penal Federal, se turnó a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
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