El Senado requirió a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, un informe del avance de las investigaciones en la averiguación previa por las denuncias de abusos cometidos en contra de internas dentro de los reclusorios del Distrito Federal.
En tanto, a la Secretaría de Gobierno del D.F. le pidió que instruya a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, informe sobre las medidas de seguridad implementadas, a partir de las denuncias presentadas por reclusas.
Las acusaciones refieren que han sido víctimas de violación en sus traslados a los distintos Juzgados Penales, así como por las observaciones y recomendaciones hechas por la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal.
Además, al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal le solicitó un informe sobre la ayuda y medidas de seguridad que se brindan a las reclusas que realizaron la denuncia de hechos con la cual se integró la averiguación previa sobre el delito de violación cometido en su contra, a fin de que ratifiquen su dicho en la misma.
En el dictamen se destaca que en algunos Centros de Readaptación Social las reclusas son obligadas a realizar actos deplorables, como prostituirse contra su voluntad.
Este problema no es reciente, ya que en 1991, se consigna, la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) alertó al gobierno capitalino sobre esta situación; sin embargo, la recomendación no se atendió ya que el problema persiste actualmente.
Asimismo, la CDHDF, en el ámbito de sus atribuciones, inició este año una averiguación por el caso violencia institucionalizada de género: hostigamiento sexual, explotación de la prostitución ajena y trata de internas en el Sistema penitenciario del Distrito Federal.
No obstante las recomendaciones hechas al TSJDF, sobre la inacción o acción retardada de las autoridades para actuar respecto al tema, el Presidente de dicho órgano declaró con fecha del 24 de noviembre del presente que “…nadie se puede entrometer con el criterio de un juez, por equivocado que esté, siempre y cuando no sea de mala fe” insistiendo en que “los criterios de los jueces se respetan y se tienen que defender a ultranza”.
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