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El Senado de la República recibió este jueves --para su posible ratificación-- el nombramiento que el titular del Ejecutivo Federal hizo a favor de Manuel Mondragón y Kalb como Comisionado Nacional de Seguridad.
Mediante un oficio, el Presidente de la República explicó que derivado de la reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal “se genera un nuevo esquema de organización institucional para garantizar la seguridad interior del país y la debida protección de sus habitantes”.
En este sentido, indicó, se otorga a la Secretaría de Gobernación la función de ejecutar políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación, así como ejercer el mando sobre la fuerza pública.
Lo anterior, con el objetivo de “proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales”.
Precisó que a esa dependencia también le corresponde la organización, dirección y supervisión de la Policía Federal, así como procurar el desempeño “honesto” de su personal.
Por ello --subrayó-- decidió nombrar a Mondragón y Kalb para llevar a cabo esas acciones, pues
“es un profesional con una sólida formación académica”.
Refirió que cuenta con “una trayectoria de gran reconocimiento” en la administración pública, tanto a nivel federal como local, además tiene una “vasta experiencia en tareas vinculadas a la seguridad pública y ciudadana”.
El Presidente aclaró que “no pasa desapercibido” que la acción de inconstitucionalidad promovida por legisladores en contra de la reforma que obliga a que el nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad sea ratificado por el Senado, actualmente se encuentra en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por tanto, consideró que hasta que el máximo tribunal resuelva sobre ese asunto se somete ad cautelam a la ratificación de la Cámara de Senadores el nombramiento de Mondragón y Kalb para ocupar dicho cargo “sin que ello implique que el Ejecutivo Federal a mi cargo se pronuncie en sentido alguno respecto de la validez o invalidez de las normas impugnadas”.
El documento se envió a las comisiones de Gobernación, y de Seguridad Pública, para su análisis y dictaminación correspondiente.
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