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Ninguna figura procesal va a aplicarse correctamente si el sistema de justicia en el país no funciona, aseguró el senador Luis Miguel Barbosa Huerta, al participar en el Foro: “Retos y acciones del Estado frente al arraigo”, organizado por las comisiones de Derechos Humanos del Distrito Federal y de Derechos Humanos del Senado de la República y realizado en el patio central de la antigua casona de Xicoténcatl.
El Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República indicó que no hay que hablar con demagogia política sólo para ganar opiniones favorables, se debe cuidar que el funcionamiento del Estado mexicano sea efectivo, dijo, pero con un equilibrio de poderes que garantice el bienestar de la sociedad, de la justicia, de la aplicación de la ley y en la actuación con responsabilidad.
Barbosa Huerta celebró la realización del Foro y resaltó que el respeto a los derechos humanos es un compromiso ético y moral del Estado frente a las personas; sin embargo, advirtió, el arraigo se ha utilizado por quienes aplican la ley como una forma para violentar tales derechos.
En su oportunidad, el senador Miguel Romo Medina, quien inauguró el evento, reconoció la voluntad de las fuerzas políticas del país para avanzar en la consolidación de la agenda de los derechos humanos; muestra de ello, dijo, es el compromiso del Pacto por México, en el que se sientan las bases para una política de Estado en la materia. Los legisladores, apuntó, tienen interés por consolidar el marco jurídico que permita transitar de la violencia a un escenario de paz que facilite la vida de México en diversos rubros.
Explicó que el arraigo es un tema complejo y recordó que la reforma constitucional de 2008 trajo consigo una serie de circunstancias que se deben revisar por el saldo mostrado en las denuncias por la violación a los derechos humanos y por la crítica de especialistas en la materia sobre dicho instrumento jurídico.
Señaló que con las conclusiones del foro, se abonará al establecimiento de criterios para avanzar en la agenda de derechos humanos como una política de Estado. “México tiene la oportunidad de llevar a cabo las transformaciones que requiere la sociedad; compartimos, dijo, el sentimiento de esperanza y confianza de aquellos que requieren, por parte del Estado, un trato justo y equitativo”.
Durante su participación en el Foro, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Angélica de la Peña Gómez, precisó que en la realidad, el objetivo del arraigo no es determinar la inocencia de una persona sino privarla de su libertad, con el fin de obtener información que pudiera ser utilizada para la etapa del juicio, la cual, en muchas ocasiones, se obtiene bajo tortura.
Acusó que la figura del arraigo, aun cuando está inscrita en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “es inconstitucional porque viola derechos y principios establecidos en tratados internacionales en materia de derechos humanos que forman parte del derecho constitucional”.
La Legisladora perredista hizo un recuento de las recomendaciones hechas por parte de diversas organizaciones, de las que se desprende la necesidad de derogar la figura del arraigo por considerarla como una forma de detención arbitraria y porque se hace, con ella, uso de la tortura.
Dichas recomendaciones, dijo, hablan también de otros problemas del país, como la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias y las violaciones permanentes a los derechos humanos, así como el uso indiscriminado de la discrecionalidad y la forma en que se conducen las autoridades.
Para finalizar su intervención, la Senadora coincidió con su coordinador, Luis Miguel Barbosa Huerta, en que se debe eficientar a las instituciones y los procedimientos para que realmente sean eficientes en la persecución del delito.
A su vez, el subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo García Cervantes, señaló que la práctica del arraigo ha traído secuelas y abusos de los derechos humanos y ha debilitado a diversas instituciones.
Cuando las instituciones se debilitan, explicó, requieren de humildad para reconocer que necesitan nutrirse del análisis académico y de la capacidad de la sociedad para ofrecer soluciones.
En ese sentido, García Cervantes reconoció que la PGR requiere nutrirse de este tipo de foros y esperar que el Poder Legislativo federal modifique el marco legal que considere pertinente; a la PGR, comentó, corresponde respetar las decisiones del Congreso.
Por otra parte, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plascencia, destacó que existe una renovada esperanza por contar con una nueva rectoría del Estado en diversos ámbitos, principalmente en que los derechos humanos se conviertan en el eje rector de la justicia penal.
Asimismo, consideró importante señalar los peligros del arraigo ya que pesar de que ha sido eficaz, tiene un alto costo para los derechos humanos. México está en camino de construir un sistema de justicia penal que respete los derechos humanos, en el que se distinga a quienes cometen delitos y quienes no y en el que se trate con apego a sus derechos a quienes los cometen.
También participó el representante de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México, Javier Hernández Valencia, quien apuntó que discutir sobre el arraigo en México y su impacto no es sólo un problema de estadísticas, “es un marco jurídico que cualquiera que sea la justificación para su implementación tiene que ser revisado a la luz de la generación de violaciones de los derechos humanos que propicia y reproduce”.
Es necesario tomar en consideración las recomendaciones de los comités de Derechos Humanos y Contra la Tortura de las Naciones Unidas, que coinciden en que la figura del arraigo desaparezca. “El punto de partida es insistir en que aún con controles y una estricta definición del arraigo, la figura es un prejuzgamiento sobre la culpabilidad de la persona a la que se le impone”, advirtió.
Por su parte, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, hizo hincapié en que el arraigo se ha utilizado más como regla, que como excepción.
Declaró que en los últimos dos años se ha arraigado a 4 mil personas, de los cuales sólo 129 fueron procesados, lo que representa 3.3 por ciento contra 96.7 que no consiguieron consignarse por la falta de pruebas que acreditaran su responsabilidad.
Aseguró que se debe trabajar en el fortalecimiento del sistema de justicia y evitar que esta figura se utilice de manera excesiva; su uso, dijo, debe ser la excepción y no la regla y tiene que ser armónico con los derechos humanos.
En el mismo sentido, señaló que en el Pacto por México, el Ejecutivo Federal y los partidos políticos asumieron el compromiso de implementar un nuevo sistema de justicia acusatorio y oral, cuyo reto es ser más eficiente y de mayor respeto a los derechos humanos.
Por último, Luis Raúl González, en representación del Rector de la UNAM, José Narro Robles, expuso que es importante como ideal, la eliminación de la figura del arraigo, que se podría equiparar a lo que establece la Constitución en algunos medidas para la restricción de la libertad, donde el mayor número de horas que se permite para la privación de la libertad antes de constitucionalizar el arraigo, era de hasta 72 horas.
Finalmente apuntó que se debe tomar la medida del arraigo en función de la racionalidad del mismo y de su proporcionalidad, establecida entre 72 horas u ocho días y que se acote para quienes lo solicitan y quienes lo otorgan, con lo que se podrá encontrar un equilibrio entre la seguridad pública, la procuración de justicia y el respeto de los derechos humanos.
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