Senado de la República

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La mejor política anticorrupción no debe estar anclada en el castigo sino en la construcción de un Estado Derecho, en un sistema integral de rendición de cuentas y en el combate a la impunidad, así lo consideraron Eduardo Bohórquez y Luis Carlos Ugalde, directores de Transparencia Mexicana e Integralia en el Senado de la República.
Ante las comisiones de Puntos Constitucionales y de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Luis Carlos Ugalde destacó que con frecuencia las políticas punitivas “no transforman la realidad, generan un enorme costo burocrático y sobre todo mucha frustración”.
Ése, dijo, “ha sido el caso en otras políticas y en otras legislaciones que se han aprobado en los últimos años, en donde lo que se quiere es simplemente compensar, paliar, castigar en lugar de solucionar anticipadamente el problema”.
Reiteró que para enfrentar el problema de la corrupción, lo más relevante es “evitar la impunidad y esto básicamente inicia cuando se hace un compromiso con aplicar la ley, imperfecta como es, pues me parece que no hay mejor solución ni mejor recomendación que esa”.
Eduardo Bojórquez destacó que en las distintas iniciativas para crear un organismo para el combate a la corrupción se plantea un lapso de cinco años para que prescriban los delitos relacionados en esta materia.
Pero, agregó, “sentimos que es un duración corta” porque “la prescripción del delito debe rebasar el tiempo de protección política que un funcionario puede ejercer sobre quienes investigan en su ámbito de responsabilidad”.
Dijo que en todos los estudios que su organización ha analizado, la preocupación no está en el tema de la corrupción sino en la impunidad y “no puede prescribir rápidamente un delito donde hay protección política para quienes pueden participar en él”.
Señaló que en las tres iniciativas en la materia se le da un peso excesivo a la denuncia, como si este simple hecho se tradujera en sanciones eficaces y en control de la impunidad. Además, existe “una preocupación sobre el uso ocioso de la denuncia para generar conflictos políticos que no necesariamente son temas de anticorrupción”.
En opinión de Lorena de la Barrera, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, nuestro país cumple en general con los supuestos previstos para la probidad pública en contrataciones.
Sin embargo, añadió, el sector privado ha reconocido que existe temor y desconfianza para impugnar las decisiones del gobierno por la posibilidad de que las empresas sean vetadas para participar en licitaciones públicas posteriores.
Además, “hemos encontrado que hay una deficiente planeación en las obras públicas, que es más notoria en las entidades”.
En opinión de Irma Eréndira Sandoval, coordinadora del Observatorio Anticorrupción de la UNAM, “es loable y digno de reconocimiento” que “se haya llegado a este acuerdo” para hacer frente “a la crisis institucional y política de graves dimensiones que estamos viviendo en el  país”.
“Es evidente que hay un acuerdo para el empujar y construir este órgano autónomo de combate a la corrupción”, aseveró, sin embargo, en ninguna de las tres propuestas “queda claro el objetivo del nuevo organismo que se quiere crear”.
Por su parte, Juan Carlos Gómez Pérez, coordinador jurídico de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, capítulo Oaxaca, se pronunció por no improvisar perfiles de quienes encabecen los órganos anticorrupción.
En la ronda de cuestionamientos, el senador Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, negó que “exista un acuerdo artificial o alguna urgencia por parte del Senado de la República” en este tema.
“Lo que hay --enfatizó-- es una preocupación y una ocupación de que el sistema debe de mejorar” y para ello se han presentado más de 40 exposiciones de expertos nacionales e internacionales.
Mencionó que existen coincidencias por crear un sistema integral de fiscalización donde se articulen las acciones de la Auditoría Superior de la Federación, los estados y los órganos de control interno.
En su turno, la senadora priista Ana Lilia Herrera Anzaldo preguntó a los ponentes sobre si al “romper el monopolio” del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal, no se corre el riesgo de tener más pretextos para que no se cumpla la ley y de duplicar funciones.
¿Cuántas sanciones efectivas hay de la Secretaría de la Función Pública para las resoluciones del IFAI?, cuestionó.
A nombre el PAN, la senadora Marcela Torres Peimbert expresó que hay coincidencia en que la corrupción es un problema muy grave, que afecta la imagen de México en el exterior y “golpea” nuestra economía.
Consideró que un nuevo organismo anticorrupción, por sí sólo, no asegura que realmente se pueda combatir la situación que vivimos en México y todo apunta a que la mejor manera de enfrentar este problema es obedeciendo la ley y romper con la impunidad.
Por el PRD, la senadora Angélica de la Peña Gómez manifestó su preocupación por la importancia de que se haga hacer valer la ley “así como está”.
Señaló que el sólo hecho de perfeccionar la Constitución y las leyes secundarias en materia de corrupción es parte del proceso que la sociedad tiene que hacer para que la legislación funcione.
En el encuentro también estuvieron Ernesto Céspedes Oropeza, director general para temas globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Bruno Figueroa Fisher, coordinador de asesores de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la SER, quienes detallaron los instrumentos internacionales que ha ratificado México sobre el tema.
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