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Derivado de la publicación del Decreto mediante el cual se adicionó el reconocimiento y protección del derecho ciudadano a la consulta popular en la Constitución Política, el 9 de agosto de 2012, el Congreso de la Unión debe emitir la legislación correspondiente en un plazo no mayor a un año.
Por tal motivo, la senadora Dolores Padierna Luna, a nombre propio y del senador Manuel Camacho Solís, del PRD, propuso expedir la Ley Federal de Consulta Popular que, recalcó, tendría que ser aprobada por las cámaras de Senadores y de Diputados antes del 30 de abril, fecha en que se cierra el periodo legislativo.
La consulta popular --afirmó-- constituye uno de los pilares jurídicos trascendentales para la democracia, misma que avanza si se incluye la democracia participativa como un complemento de la democracia representativa.
Apuntó que la nueva ley establece como mecanismo de consulta el plebiscito y el referéndum y propuso que los temas de consulta sean de trascendencia nacional. “Se excluye, aseveró, a los derechos humanos, los instrumentos internacionales, los temas de seguridad nacional, el ingreso y el gasto público, la materia electoral y la disciplina de fuerzas armadas, entre otros”.
Explicó que ambos mecanismos de consulta tendrán una regulación compartida y será el Congreso el que haga la recepción de la solicitud, el trámite de petición, la emisión de la convocatoria, así como la declaración de validez con efectos vinculatorios.
La legisladora precisó que el Plebiscito se aplicará para actos o decisiones, mientras que el Referéndum será para omisiones o leyes. Lo podrán presentar el Presidente de la República, el 33 por ciento de los integrantes de las cámaras del Congreso y al menos dos por ciento de los ciudadanos inscritos en el listado nominal, indicó.
De manera específica, Padierna Luna detalló que la consulta podrá contar con un máximo de dos preguntas, además, la cantidad de consultas se desprende de la reforma constitucional que establece que solo podrá realizarse una consulta cada tres años en la misma fecha de la jornada electoral correspondiente.
Asimismo, planteó el establecimiento de criterios de prioridad como el ser de interés público, de impacto en el desarrollo sustentable y ser de urgente resolución.
En lo correspondiente a las campañas de difusión y capacitación, podrán participar universidades y organizaciones de la sociedad civil con efectos vinculatorios y si el resultado aprobatorio alcanza al menos 40 por ciento del padrón inscrito en el listado nominal de electores.
La propuesta de la legisladora perredista establece que si el resultado del plebiscito o del referéndum desaprueba la decisión o el acto ejecutado, el plazo para su corrección no podrá ser mayor de 30 días.
Además, enuncia que los principios que regirán a la consulta son la autonomía, la corresponsabilidad, la democracia la solidaridad, la legalidad y la transparencia.
De aprobarse la propuesta, los responsables de aplicar el ordenamiento serán el Congreso, el Ejecutivo Federal, el Instituto Federal Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; se aplicará en forma supletoria el Código Federal para Instituciones y Procedimientos Electorales.
Asimismo, plantea que los derechos de los ciudadanos son irrenunciables, entendidos como derechos ya ganados, como promover la consulta, solicitarla, participar directamente en ella, impugnar los resultados ante las instancias correspondientes, denunciar a personas o autoridades que contravengan las disposiciones.
Destacó que para los partidos políticos está prohibido promover consultas populares para evitar que la decisión ciudadana pierda soberanía o se convierta en proselitismo político.
En caso de que autoridades y ciudadanos incumplan la ley, la propuesta prevé sanciones de tipo penal y administrativo, como en otras leyes.
Por lo que se refiere a los recursos, se contempla que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se observe una partida especial en el presupuesto del IFE para la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.
Para finalizar su intervención, dijo que la propuesta presentada es el inicio de un proceso que puede culminar en el derecho pleno de la ciudadanía a decidir de manera directa sobre temas de interés nacional que impacten en el bienestar propio y de sus familias y ponga en manos de la ciudadanía temas torales para el país.
La propuesta se turnó a las comisiones de unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera.
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