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La senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, de Acción Nacional, propuso reformar el Artículo 27 de la Ley General de Vida Silvestre, para que el manejo de ejemplares y poblaciones exóticos, se lleve a cabo únicamente en condiciones de confinamiento que garanticen la seguridad de la sociedad civil y la dignidad y respeto de éstos.
Además, planteó que en el caso de especies que por su naturaleza, ante un evento o manejo inadecuado, pongan en riesgo a la sociedad, deberán ser reubicados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el propietario o responsable debe asumir los gastos de traslado y manutención durante la vida del ejemplar.
En el mismo sentido, establece que las personas que posean este tipo de ejemplares como mascota o animal de compañía, deberán de contar con autorización expresa de la Semarnat.
La legisladora por Coahuila resaltó que no propone prohibir la posesión legal de los animales sino fomentar su regulación, ya que se ha dado cuenta de casos lamentables en los que la falta de cuidado, responsabilidad y recursos económicos han provocado verdaderas tragedias, pues es el país y en el mundo entero se han presentado muertes humanas de gran impacto.
Aclaró que prohibir la posición legal de los animales podría fomentar la ilegalidad o el tráfico de especies.
Advirtió que en el país la comercialización de la vida silvestre se encuentra regulada y legalizada por la normatividad ambiental nacional y tratados internacionales como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, cuya finalidad es velar porque el comercio internacional de especímenes animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia.
De esta forma llegan a nuestro país especies animales denominadas exóticas que bajo un nuevo sistema de manejo y control no representan ningún riesgo ni a la especie ejemplar ni al ser humano, subrayó.
Sin embargo, dijo, existe una problemática derivada de la posesión de fauna exótica que por sus características biológicas, fisiológicas y anatómicas durante su desarrollo presentan modificaciones físicas y de comportamiento que ponen en riesgo a sus dueños y cualquier persona, como el caso de las serpientes y los grandes felinos.
En el caso de tigres y leones --detalló-- para los cuales existen criadores autorizados por la Secretaría, bajo lineamientos legales, generalmente cumplidos por los particulares, pero que provocan problemas graves al momento de ser vendidos a personas que no cuentan con la capacidad económica o la infraestructura para soportar su vida adulta.
Garza Galván indicó que la Semarnat tiene a su cargo seis centros de refugio para la vida silvestre (SID), que son de estancia temporal de la fauna silvestre decomisada o asegurada por las autoridades, que también albergan ejemplares que lo particulares ya no pueden sostener en sus domicilios, “situación muy común que se presente”.
En ese sentido, precisó que de aprobarse la iniciativa, se salvaguarda el erario público, “ya que los recursos destinados a las unidades de manejo públicas se ven fuertemente mermados cuando reciben ejemplares de estas características”.
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