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El senador perredista Mario Delgado Carrillo propuso modificaciones a la Constitución y a diversas leyes en materia de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera, a fin de construir una estabilidad hacendaria de manera corresponsable entre los tres órdenes de gobierno.
Para ello, planteó establecer el derecho constitucional a la rendición de cuentas del gasto público y crear el Registro Nacional de la Deuda, el cual estaría a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, sugirió que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informe sobre los créditos otorgados a estados y municipios, por lo que no se podrá oponer secreto bancario para el reporte permanente de esta información.
El legislador consideró necesario que los bancos verifiquen que estados y municipios cuenten con la autorización de sus congresos para la contratación de deuda.
Además, dejó en claro que esos órdenes de gobierno hagan pública la fuente y condiciones de pago del crédito contratado.
Explicó que sus iniciativas buscan respetar y mantener la autonomía presupuestaria de estados y municipios y, para ello es necesario que congresos locales autoricen todo tipo de deuda, montos, proyectos y garantías, así como no reconocer créditos que no sean por ellos permitidos.
Otro de los objetivos de su propuesta es prohibir que la deuda contratada se destine a gasto corriente y que sea la Auditoría Superior de la Federación quien fiscalice los ingresos, egresos y empréstitos de todos los órdenes de gobierno.
De igual manera, pretende impulsar el papel que desempeña BANOBRAS en este tema, a efecto de que sea “el estructurador y agente financiero preferente de estados y municipios”.
Delgado Carrillo también busca que el Congreso de la Unión dé seguimiento a la ejecución del plan de deuda y pueda revisarlo permanentemente para realizar ajustes en caso de ser necesario.
Destacó que la potestad tributaria de los municipios debe ser revisada, con el objetivo de que obtengan mayores ingresos por el cobro del impuesto predial, tenencia vehicular y para que puedan participar de los ingresos federales para fortalecer sus finanzas públicas.
En cuanto a las sanciones por el mal manejo de las deudas contraídas planteó hacer corresponsable a los consejos de administración de las instituciones financieras por el otorgamiento de créditos a gobierno.
Asimismo, establecer sanciones en el Código Penal a representantes gubernamentales y de los bancos que falseen u oculten información para la contratación de créditos, a los que no paguen un empréstito sin causa justificada y a aquellos que no reestructuren el crédito para no caer en condiciones de impago.
De igual forma, propuso que serán objeto de juicio político los funcionarios públicos que abusen de su capacidad de endeudamiento o contraten créditos de manera ilegal.
El senador hizo notar que es necesario construir “una sustentabilidad financiera de manera corresponsable, porque si intentamos limitar el financiamiento mantendríamos --como se ha hecho en los últimos años-- la fragilidad y precariedad de las finanzas públicas de estados y municipios”.
Por ello, puntualizó que no se puede continuar con un modelo que impacta las finanzas sub-nacionales y, mucho menos, apostar a una estrategia de desarrollo que dependa de variables políticas como en el caso del Distrito Federal”.
Sus iniciativas se enviaron a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos Segunda, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera.
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