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La Cámara de Senadores solicitó al Ejecutivo Federal que, a través de la Secretaría de Gobernación, formule e implemente una política pública con perspectiva de género y medidas efectivas a favor de mujeres periodistas y comunicadoras en situación de riesgo.
En el dictamen que aprobó la asamblea sin discusión, se reconoce que la violencia en contra de mujeres periodistas está vinculada a los temas que abordan y que tratan desde asuntos políticos hasta movimiento sociales.
Para ejemplificar esta problemática, se expuso que entre los años 2002 y 2011 se registraron 94 casos de violencia en contra de comunicadoras, 96 por ciento de ellos se presentaron en los últimos seis años.
Se destaca que en 2009 ocurrió la primera desaparición forzada de una periodista, en Michoacán, un año después se registraron 38 casos y para 2011 fueron 31.
Las entidades donde se presenta con mayor medida este problema son Oaxaca, Distrito Federal, Chihuahua, Jalisco, Guerrero, Veracruz y Quintana Roo.
Los legisladores enfatizaron que la violencia en contra de mujeres periodistas y comunicadoras es una violación a los artículos 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 6 y 7 de la Constitución mexicana que disponen que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, así como a investigar y recibir informaciones.
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